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Repsol demanda a Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa y Naturgy por el apagón de 2025

La petrolera reclama unos 120 millones por los daños en sus cinco complejos industriales y dirige las denuncias contra las distribuidoras y, solidariamente, contra el operador del sistema.

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Imagen de archivo del consejero delegado de Repsol y exdirigente del PNV, Josu Jon Imaz. Foto: IFEMA.
Imagen de archivo del consejero delegado de Repsol y exdirigente del PNV, Josu Jon Imaz. Foto: IFEMA.

La compañía energética española Repsol ha presentado demandas judiciales contra Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa y Naturgy por los daños causados en sus cinco complejos industriales durante el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press y El País. La petrolera reclama unos 120 millones de euros y ha presentado una demanda por cada complejo: una contra Naturgy (Unión Fenosa Distribución) por el de A Coruña; dos contra la distribuidora de Iberdrola (i-DE) por los de Bilbo y Cartagena; y otras dos contra la de Endesa (e-Distribución) por los de Tarragona y Puertollano. En todas ellas reclama también, de forma solidaria, la responsabilidad de Red Eléctrica como operador del sistema. Las demandas se presentaron el pasado octubre en los juzgados donde se ubican los complejos, e incluyen además los cortes de Cartagena el 22 de abril.

El consejero delegado de Repsol y exdirigente del PNV, Josu Jon Imaz, ya anunció en 2025 que la compañía emprendería acciones legales y, en abril de 2026, puso en marcha el proceso a través de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) para intentar un acuerdo extrajudicial antes de acudir a los tribunales, tal como exige la ley de eficiencia procesal. Tras fracasar la conciliación, Repsol ha presentado las demandas, asesorada por el despacho Osborne Clarke. La cuantía reclamada se calcula a partir del precedente de Petronor, filial de Repsol, a la que el Tribunal Supremo confirmó en 2022 una indemnización de 18 millones de euros por un corte de luz de 12 minutos en su refinería de Muskiz (Bizkaia) en 2016, que le obligó a parar más de un día.

Fuentes jurídicas citadas por El País señalan que, “en realidad, se trata de una demanda estructurada contra Red Eléctrica, en la que se ha incluido a las distribuidoras, que es con las que las refinerías tienen el contrato de acceso a las redes, para evitar que el juez la rechace por defecto de procedimiento”. Desde el apagón, Red Eléctrica y las grandes eléctricas mantienen un cruce de acusaciones: la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha sostenido que las plantas de generación “no cumplieron con su obligación de control de tensión”, mientras las eléctricas culpan al operador por “no haber realizado la programación adecuada”. Iberdrola ha presentado dos demandas contra Red Eléctrica y contra Corredor por competencia desleal y vulneración del derecho al honor. Moeve (antigua Cepsa) también anunció acciones legales por daños calculados en 50 millones de euros, pero aún no ha presentado ninguna demanda.

El apagón, aún por esclarecer

El apagón del 28 de abril de 2025, que a las 12:33 dejó sin suministro a decenas de millones de personas en el Estado español y Portugal y afectó brevemente a Iparralde (Euskal Herria), sigue sin una cadena de responsabilidades depurada más de año y medio después. Las investigaciones oficiales españolas y europeas descartaron un ciberataque y coincidieron en un “origen multifactorial”: inestabilidad previa de tensiones, insuficiente capacidad de control dinámico de tensión, desconexiones de generación en Granada, Badajoz y Sevilla con participación de plantas fotovoltaicas, respuesta insuficiente de generadores convencionales y pérdida de sincronismo con Europa. El panel de expertos de ENTSO-E, formado por unos 49 especialistas, confirmó en marzo de 2026 la combinación de factores, pero declaró que su función no es atribuir responsabilidades: “No somos policías ni un organismo judicial”. Los colegios de ingenieros industriales de León y Valladolid reconocieron que con la información oficial era “imposible explicar las razones exactas” del cero energético, y el propio panel admitió que el marco legal vigente no contemplaba penalizaciones por incumplimiento en el soporte de potencia reactiva. La CNMC ha abierto expedientes sancionadores contra REE y varias generadoras, pero no han concluido con sanciones definitivas, y no ha habido dimisiones. El carácter sistémico del fallo y los intereses cruzados de operador, eléctricas y Administración retrasan el esclarecimiento.