El Comité de Huelga del 11N en Burgos denuncia la represión policial
Más de 20 personas resultaron heridas en las cargas policiales contra un piquete en las cocheras de autobuses urbanos de Burgos, algunas con fracturas óseas; denuncian que estos hechos forman parte de los ataques a los derechos políticos de la clase trabajadora en todo el Estado.
El Comité de Huelga del 11 de noviembre en Burgos (Castilla y León) ha denunciado la violenta actuación policial contra el piquete concentrado en las cocheras de autobuses municipales de la carretera de Poza durante la jornada de huelga por el derecho a la vivienda, unas condiciones de vida dignas y mejores salarios. Según el Comité, la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local dejó más de veinte personas heridas, entre ellas algunas mayores de 67 años, con múltiples contusiones y fracturas óseas que requirieron asistencia sanitaria.
Según denuncia el Comité, la concentración transcurría de manera pacífica y las personas participantes ya habían comunicado a los responsables policiales, a través del personal jurídico presente, su intención de abandonar las inmediaciones de las cocheras para continuar las movilizaciones en otros puntos de la ciudad. Pese a ello, se ordenaron cargas contra las personas concentradas.
El Comité denuncia especialmente la actuación de la Policía Local, cuya intervención considera todavía más agresiva, así como la falta de identificación visible de algunos agentes de la Policía Nacional. A ello se suman las identificaciones policiales realizadas durante la jornada, que podrían derivar en posteriores sanciones administrativas.
“Lo ocurrido en Burgos no puede entenderse como un hecho aislado”, señalan los huelguistas. Durante la jornada del 11N también se denunciaron otras actuaciones policiales violentas en distintos puntos del Estado. En Madrid se denunció el uso de gas pimienta contra los piquetes de Mercamadrid y encapsulamientos con gas pimienta y cargas en la Gran Vía; en Granada, agresiones policiales que habrían provocado fracturas de costillas; y en Sevilla, al día siguiente, fue desalojada una acampada por el derecho a la vivienda. También se señalaron intervenciones policiales preocupantes en Alacant, Castelló, Gasteiz, València y Santiago de Compostela.
A estas actuaciones se suman las detenciones y encarcelamientos provisionales relacionados con las movilizaciones. En Barcelona, tres integrantes de organizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda fueron enviados a prisión provisional tras la huelga del 11N. También se informó del ingreso en prisión provisional de otra persona en Castelló.
Para el Comité de Huelga, esta sucesión de actuaciones evidencia que “la represión contra la organización y la protesta de la clase trabajadora no es una excepción ni una práctica exclusiva de un determinado Gobierno”; al contrario, recuerdan que, a lo largo de los años, bajo ejecutivos de distinto signo político y en diferentes administraciones del Estado, se han mantenido mecanismos policiales, administrativos y judiciales que restringen el ejercicio efectivo de los derechos políticos y sindicales. Señalan como ejemplo de ello la continuidad de la conocida como Ley Mordaza, aprobada por el Partido Popular en 2015 y cuya derogación fue prometida por el Gobierno de coalición autodenominado como “el más progresista de la historia”.
Las actuaciones denunciadas en Burgos y en el resto del Estado ponen de manifiesto que estos ataques no se limitan a intervenciones policiales puntuales, sino que “afectan directamente a las garantías para ejercer derechos políticos fundamentales como la huelga, la manifestación y la organización política y sindical”.
Ante estos hechos, el Comité de Huelga exige que se investiguen las cargas policiales ocurridas en las cocheras municipales de Burgos, que se esclarezcan las responsabilidades correspondientes y que se garantice el derecho de las personas afectadas a reclamar por las lesiones sufridas.
Asimismo, pone a disposición de quienes fueron identificados durante la jornada el asesoramiento jurídico necesario ante posibles sanciones,
llamando a su vez a la solidaridad con las personas agredidas y a la organización para defender estos derechos.
“El derecho de huelga y de manifestación no son concesiones de las instituciones, sino el resultado de décadas de organización y lucha de la clase trabajadora”, recuerda el Comité de Huelga burgalés, que precisa que “la lucha por una vivienda, unos salarios y unas condiciones de vida dignas es inseparable de la defensa de los derechos que permiten llevarla adelante”. En ese sentido, recuerdan que hacer huelga, manifestarse y organizarse son “derechos conquistados por nuestra clase, y no vamos a renunciar a ellos”.




