Arranca el ciclo de movilizaciones por todo el Estado bajo la exigencia de la bajada de los alquileres y críticas contra todo el espectro político parlamentario.
Solo el 14,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años ha logrado emanciparse; la edad media sube hasta los 30,2 años y los que lo hacen solos destinan el 98,7% del salario a la vivienda.
Alega 'invasión de competencias autonómicas' y el Ministerio de Vivienda asume la decisión, mientras el número de viviendas turísticas crece sin parar.
La desprotección masiva de la vivienda pública aboca al mercado libre a más de 340.000 inmuebles mientras fondos de inversión como Blackstone absorben promociones enteras disparando los precios.
De ratificarse, permitirá desalojos en 24 horas, legalizar coacciones de entidades que corten suministros, aumentar el castigo penal para los inquilinos que no pueden afrontar los pagos y prohibir empadronamientos.
El 79% de los habitantes del Estado español vincula la crisis de acceso con el negocio turístico y el acaparamiento en pocas manos, según una encuesta del Ateneo del Dato.
El precio de los nuevos contratos crece el doble que antes de la normativa, triplica la subida a los inquilinos con contratos vigentes y sube más en viviendas de menos de 60m².
Entre los 121 parlamentarios del PSOE acumulan 207 inmuebles; una tiene 13 propiedades y se embolsa 18.415 euros anuales en rentas, aparte de su sueldo público superior a 100.000 euros anuales.
