Acusa al PNV y al PSE de promover una ley que "servirá para relanzar un ciclo constructor y rentista", en detrimento de servicios sociales de emergencia.
Introduce una enmienda para incentivar fiscalmente la cesión de vivienda a programas públicos, bajo la excusa de "ampliar el parque de alquiler asequible".
El Ayuntamiento del PP impulsará una línea de ayudas de 300 euros anuales para quienes “sufran ocupación ilegal”; crecen las acusaciones de alimentar alarma social y subvencionar a caseros.
El PSC califica de prioridad "recuperar" propiedades municipales "ocupadas ilegalmente” y anuncia desalojos inmediatos, especialmente de aquellas usadas como vivienda.
