El Ayuntamiento del PP impulsará una línea de ayudas de 300 euros anuales para quienes “sufran ocupación ilegal”; crecen las acusaciones de alimentar alarma social y subvencionar a caseros.
El PSC califica de prioridad "recuperar" propiedades municipales "ocupadas ilegalmente” y anuncia desalojos inmediatos, especialmente de aquellas usadas como vivienda.
El auge de los precios y la falta de vivienda asequible empujan a 4,4 millones a compartir espacios mínimos; el supuesto "milagro económico español" contrasta con un deterioro en las condiciones de vida.
Desahuciadores sorprendidos por una deflagración provocada por bombonas de gas almacenadas en la casa, tras un largo proceso de desalojo contra tres sexagenarios italianos con problemas económicos.
