Lucha de clases en el 36

Toda guerra requiere de ingentes cantidades de dinero y medios que, en caso de no provenir directamente desde las estructuras de un estado, deben ser aportadas por el capital privado interesado. De esta manera, el sublevamiento del bando nacional en el 36, lo habilitaron los grandes capitales, sobre todo financieros y agrarios, con el claro objetivo de conseguir mantener o aumentar su riqueza y patrimonio.

Para comprender la magnitud de lo que estaba en juego, en primer lugar se ve que en 1930 el sector primario ocupaba todavía al 45,5% de la población activa, de modo que el control de la tierra seguía determinando la jerarquía social de la inmensa mayoría del país. Según datos del catastro, en el año 1934 apenas el 1,25% de los contribuyentes acaparaba más del 40 por ciento de la "riqueza rústica" (valor económico de todos los bienes inmuebles de naturaleza rural) registrada. En Andalucía, cuarenta propietarios reunían por sí solos alrededor de 600.000 hectáreas en fincas superiores a las cinco mil, mientras que en la provincia de Badajoz una veintena escasa de familias poseía la tercera parte de la superficie cultivada. Frente a ese puñado de familias, cerca de dos millones de jornaleros sin tierra sobrevivían en condiciones de miseria endémica, de manera que la Ley de Reforma Agraria de 1932, que preveía la "expropiación" indemnizada de una fracción de los latifundios, amenazaba parte de la ganancia de estos pocos actores, los cuales no estaban dispuestos a perderla.

Ese interés se tradujo, en el plano material, en una financiación del alzamiento. La figura arquetípica fue el banquero y contrabandista Juan March, cuya fortuna rondaba los cuatro mil millones de pesetas en 1936 y a quien se atribuye una aportación a los rebeldes que, según las distintas fuentes, osciló entre los mil millones de pesetas y los quince millones de libras esterlinas. March costeó el fletamento del Dragon Rapide que trasladó a Franco desde Canarias hasta Marruecos, entregó al general Mola unos seiscientos millones de pesetas materializados en una cartera de valores y depositó cinco millones de dólares en París, Roma y Lisboa como garantía por si la intentona fracasaba; asimismo, avaló ante la petrolera norteamericana Texaco el suministro del primer combustible a los sublevados, que la compañía sirvió a crédito al tiempo que interrumpía el que tenía contratado con el Gobierno legítimo. A esa columna vertebral se sumaron otros agentes, como el político Francesc Cambó, que recaudó sumas considerables, y Antonio Goicoechea, quien años antes había negociado ante Roma la financiación de la violencia parapolicial. El respaldo, por otra parte, no se agotaba en las grandes fortunas, ya que, según han documentado los historiadores Francisco Espinosa y Paul Preston, la derecha reunió donativos pueblo a pueblo y los latifundistas pertrecharon con sus recursos a las columnas de guardias civiles, falangistas y señoritos que reconquistaban el campo con el propósito explícito de revertir la reforma agraria y restituir las fincas a sus antiguos dueños.

Lejos de arruinar a sus patrocinadores, la guerra los enriqueció, tal como ilustra el caso de March, cuya fortuna pasó de aquellos cuatro mil millones de pesetas de 1936 a unos diez mil al concluir la contienda, una revalorización que muestra hasta qué punto el conflicto operó, para quienes lo habían sufragado, como un mecanismo de acumulación antes que de dispendio. La victoria inauguró, además, un sistema clientelar en el que el círculo del dictador administraba concesiones, monopolios y bienes incautados, de suerte que las expropiaciones practicadas sobre los vencidos alimentaron patrimonios enteramente nuevos —los Banús o los Koplowitz cimentaron sus imperios sobre recursos así obtenidos—, mientras el estraperlo multiplicaba las ganancias de los bien situados en plena hambruna, la que entre 1939 y 1942 se cobró más de doscientos mil muertos. El propio March protagonizó uno de los mayores despojos del período cuando, en 1948, forzó la quiebra de la Barcelona Traction para quedarse con sus activos, germen de la futura FECSA.

El aspecto más relevante, sin embargo, es la perdurabilidad de aquellas fortunas. Estas, no se disolvieron con la dictadura, sino que se blanquearon durante la Transición y arribaron intactas al presente. Así, la familia March conserva hoy un patrimonio estimado en cinco mil millones de euros y participaciones en cerca de ciento cincuenta empresas; los Cortina y Alcocer manejan alrededor de novecientos cincuenta millones, y con ellos una extensa nómina de apellidos que, transitó de la autarquía al parqué contemporáneo conservando el dominio de la banca, la construcción, la energía y los medios de comunicación. De este modo, la reforma pactada de 1975 a 1978 mudó el régimen político, pero dejó incólume la estructura económica erigida sobre la derrota.

Además de los fusilamientos y los encarcelamientos, el régimen franquista aplicó otra modalidad represiva, más silenciosa pero igualmente sistemática, que consistió en privar de sus bienes a quienes habían defendido, colaborado o simplemente simpatizado con la República. En palabras de la historiadora Conxita Mir, las incautaciones no constituyeron un desorden episódico propio de la retaguardia, sino una política de Estado dotada de organismos, procedimientos y registros contables específicos, cuyo fin era desposeer por entero al conjunto de los vencidos. 

Dicha política se articuló a través de sucesivas disposiciones normativas que, de hecho, dieron comienzo el mismo 18 de julio de 1936 con el saqueo de sedes obreras, domicilios y comercios de personas desaparecidas, huidas o asesinadas, y obtuvo un primer respaldo legal con el Decreto 108 de septiembre del mismo año, por el que se declaraba ilegales a los partidos y sindicatos del Frente Popular y se transfería su patrimonio al Estado. El siguiente paso llegó con el Decreto‑Ley de 10 de enero de 1937, que instituyó una Comisión Central Administradora de Bienes Incautados y, en cada capital, una Comisión Provincial de Incautación presidida por el gobernador civil e integrada por un magistrado y un abogado del Estado. El procedimiento carecía de las garantías más elementales, pues bastaba con que el alcalde, el párroco, el comandante de la Guardia Civil y el jefe local de Falange informaran sobre la conducta político‑religiosa del encausado para que la comisión propusiera el embargo cautelar de sus bienes y una multa cuyo importe, ingresado en las dependencias del Banco de España, quedaba a disposición del Estado. La culminación de este entramado normativo fue la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, situada por Julián Casanova que, con una notable irregularidad jurídica, castigaba con carácter retroactivo conductas que se remontaban al 1 de octubre de 1934 y que, en el momento de producirse, se ajustaban plenamente a la legalidad vigente.

En cuanto a la escala del fenómeno, el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas investigó a cerca de 400.000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad fueron procesadas; solo entre la constitución de dicho tribunal y el 1 de octubre de 1941 se incoaron 229.549 expedientes, y en torno a 200.000 personas resultaron sancionadas con multas, incautaciones, inhabilitaciones profesionales o destierros. Una encuesta interna dirigida en 1941 por el mismo Luis Carrero Blanco desde la Subsecretaría de la Presidencia contabilizó cerca de 150.000 expedientes en tramitación y otros 100.000 pendientes de inicio, una avalancha que terminó por colapsar el aparato en 1942, hasta el punto de que hubo de declararse insolventes a todos aquellos a quienes ya nada podía incautárseles. A ese engranaje se sumó, por otra parte, un tribunal específico, el de "Represión de la Masonería y el Comunismo", que abrió expediente a unas 80.000 personas.

El importe de las sanciones evidencia con claridad la lógica subyacente al despojo, ya que la multa no se graduaba tanto en función del grado de culpabilidad como de la capacidad económica del inculpado, de manera que el sistema aspiraba a extraer de cada vencido la totalidad de sus recursos, enriqueciéndose a su costa y anulándolos social, política y económicamente completamente en el proceso. Para la población común, en cambio, las multas oscilaban entre las 50 y las 20.000 pesetas, importes que, en el contexto de miseria de la posguerra, bastaban por sí solos para arruinar a una familia trabajadora y despojarla de su tierra o su vivienda. Los bienes embargados que no se rescataban a tiempo salían a subasta pública, mecanismo que abrió la puerta tanto a la adjudicación entre afectos al régimen como a prácticas corruptas por parte de las propias autoridades encargadas de administrarlos.

La incidencia de esta maquinaria represiva no fue uniforme, sino que, de acuerdo con el estudio de las ocho provincias andaluzas, más de la mitad de los expedientes correspondieron a afiliados de la UGT y del PSOE, seguidos por la CNT con un 15 por ciento, el PCE con un 8,6 por ciento y las Juventudes Socialistas Unificadas con un 5,5 por ciento. Las mujeres apenas representaban formalmente en torno al 5 por ciento de los encausados, con una edad media situada entre los dieciocho y los cuarenta años, pero sin embargo soportaron una parte desproporcionada de los efectos, puesto que, al hallarse el varón huido, preso, exiliado o fusilado, eran ellas quienes debían responder de los embargos, redactar las súplicas de nulidad y sostener a la familia despojada, aún cuando no se les permitían muchos de los mínimos necesarios para ello. 

La duración del expolio prolongó el castigo a lo largo de décadas, toda vez que la Ley de Responsabilidades Políticas no fue derogada hasta el 10 de noviembre de 1966 y determinados expedientes se arrastraron todavía más allá de esa fecha. El patrimonio incautado a los sindicatos –con sus edificios, rotativas y cuentas corrientes– fue transferido en septiembre de 1939 al partido único, nutriendo así la Prensa del Movimiento y las sedes de la Central Nacional Sindicalista, al tiempo que las fincas ocupadas durante la guerra por las colectividades campesinas eran restituidas a sus antiguos propietarios. De este modo, el conjunto de bienes incautados no se diluyó, sino que cambió sencillamente de titularidad.

Contemplada en su conjunto, la política de incautaciones no se limitó a una mera represalia patrimonial. Al desposeer de forma sistemática a cientos de miles de familias y canalizar sus bienes hacia el Estado, el partido y la clientela vencedora, el régimen llevó a cabo una redistribución de la propiedad conformando así, junto con otros mecanismos, la burguesía que perduró hasta el final del régimen y está aún hoy presente. La legislación reparadora aprobada de manera tardía –la Ley 43/1998 y el Real Decreto‑Ley 13/2005– reconocería, seis y siete décadas después, la ilegitimidad de aquel despojo, eso sí, sin imponer condiciones para la reparación ni cambiar nada en la práctica.

Tras cumplirse noventa años del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, las investigaciones historiográficas contemporáneas han consolidado como un hecho fehaciente que la represión desatada por el bando sublevado en diferentes pueblos y ciudades no fue el resultado de desmanes caóticos o espontáneos, sino una estrategia punitiva minuciosamente planificada desde la cúpula militar con un marcado carácter de clase. Lejos de responder a una violencia ciega, el terror fascista se ensañó de manera sistemática contra la clase trabajadora organizada, los jornaleros y el campesinado con el objetivo explícito de restaurar la jerarquía social previa y aniquilar las conquistas políticas y laborales alcanzadas durante la Segunda República. La resistencia armada de la clase obrera en las calles logró detener parcialmente la insurrección en gran parte del Estado, lo que llevó a los militares rebeldes a aplicar una política de tierra quemada y exterminio en las zonas que caían bajo su control.

El diseño de este exterminio selectivo quedó registrado de forma explícita en las directrices de los propios líderes del alzamiento durante el verano de 1936. A finales de julio de aquel año, el general Emilio Mola proclamó a través de los micrófonos de Radio Castilla de Burgos su rechazo a cualquier negociación con las fuerzas sindicales al declarar que “Podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos; pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad, y para aniquilarlos”. Esta postura coincidía con la del general Gonzalo Queipo de Llano, quien definió públicamente la intervención militar como un “movimiento depurador del pueblo español”, y con las propias comunicaciones de Francisco Franco, quien dejó por escrito que consideraba preferible “una ocupación sistemática del territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios”. El trasfondo de este ensañamiento institucionalizado era el temor de la oligarquía financiera y terrateniente a que la movilización del proletariado desbordara la vía parlamentaria, por lo que la violencia se utilizó como un escarmiento disciplinador.

El análisis estructural de este fenómeno, respaldado, entre otros, por las investigaciones del historiador Josep Fontana, demuestra que la impunidad de base otorgada desde la jefatura militar fue la pieza clave que posibilitó el terror cotidiano en los municipios. Fontana constata que, aunque una parte sustancial de las ejecuciones locales fue materializada por falangistas, caciques o partidarios del nuevo régimen por cuenta propia, la incitación y la tolerancia absoluta procedían directamente de la cúspide del mando castrense, lo que despoja de cualquier espontaneidad a los crímenes de la retaguardia. Las fuerzas sublevadas instrumentalizaron el revanchismo social en los pueblos para delegar la delación y el asesinato de trabajadores y asegurar el sometimiento de la población desposeída a través del miedo.

Esta violencia dirigida golpeó con especial dureza al tejido obrero del país, registrando un perfil de víctimas eminentemente obrero y campesino. Los estudios demográficos revelan que la gran mayoría de los fusilados fueron jornaleros del campo, trabajadores asalariados de las grandes ciudades y empleados de sectores estratégicos como el ferrocarril, cuya persecución masiva buscaba paralizar la capacidad logística de las organizaciones obreras. Este descabezamiento político se complementó con la desarticulación sistemática de sindicatos como la CNT y la UGT, la clausura de ateneos libertarios y el desmantelamiento de las Casas del Pueblo.

En el marco del noventa aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil Española, el balance oficial sobre las fosas comunes de la represión franquista sigue estancado. Según los datos del registro oficial gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el territorio estatal cuenta con más de 3.000 fosas comunes catalogadas, en las cuales se estima que yacen los restos de entre 114.000 y 130.000 víctimas de la violencia desatada por el bando sublevado a partir de julio de 1936. 

Organizaciones internacionales de derechos humanos recuerdan que, debido a este volumen de desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido recuperados ni identificados, el Estado español se sitúa históricamente como el segundo del mundo con mayor número de personas desaparecidas de forma forzosa, solo por detrás de Camboya. La distribución geográfica de estas fosas evidencia una marcada asimetría, concentrándose la mayor cantidad de enterramientos colectivos en Andalucía, que acumula más de 1.500 fosas, además de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Asturies, territorios donde en muchos casos, la existencia de estas fosas responde exclusivamente a la limpieza sistemática ejecutada en la retaguardia de los sublevados y no a frentes estables de combate.

La respuesta de las familias de las víctimas frente a este ocultamiento institucional ha transitado por una evolución histórica dividida en tres etapas nítidas. Una primera ola se desarrolló durante la llamada ‘Transición’, concretamente entre los años 1975 y 1981, caracterizada por exhumaciones tempranas realizadas de manera casi clandestina y estrictamente vecinal en localidades de La Rioja, Nafarroa o Castilla y León, donde las propias familias se organizaron con herramientas manuales para recuperar a sus allegados en un clima condicionado por el miedo colectivo y la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977.

La segunda ola y el verdadero giro científico se produjo en octubre del año 2000 en el municipio de Priaranza del Bierzo, ubicado en la provincia de León, cuando la exhumación de la fosa de “Los 13 de Priaranza”, impulsada por el periodista Emilio Silva, incorporó por primera vez metodologías arqueológicas y forenses modernas, un hito que propició la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y situó a la antropología y a las pruebas de ADN como las herramientas principales frente al negacionismo histórico.

La tercera ola de este proceso se consolidó con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, la cual estableció legalmente que la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas constituye “una responsabilidad directa y financiera del Estado español”, permitiendo el despliegue de planes de exhumación masiva con fondos públicos, aunque todavía son decenas de miles las víctimas que siguen bajo suelo.

En los últimos años, el enfoque de los trabajos arqueológicos se ha desplazado hacia las intervenciones en macrofosas de dimensiones industriales ubicadas en cementerios urbanos, desmantelando la narrativa de que los fusilamientos respondían a “desmanes aislados o incontrolados”. Un ejemplo paradigmático fue la culminación de los trabajos en la fosa de Pico Reja, situada en el cementerio de San Fernando en Sevilla, donde los informes técnicos documentaron el hallazgo de más de 1.700 personas asesinadas con claros signos de violencia y arrojadas de manera simultánea bajo capas de cal viva.