Radiografía de las más de 3.000 fosas comunes del franquismo
Noventa años después del golpe, se estima que entre 114.000 y 130.000 personas “desaparecidas forzosamente” continúan sepultadas, siendo el Estado español el segundo del mundo en ese ranking.
En el marco del noventa aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil Española, el balance oficial sobre las fosas comunes de la represión franquista sigue estancado. Según los datos del registro oficial gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el territorio estatal cuenta con más de 3.000 fosas comunes catalogadas, en las cuales se estima que yacen los restos de entre 114.000 y 130.000 víctimas de la violencia desatada por el bando sublevado a partir de julio de 1936.
Organizaciones internacionales de derechos humanos recuerdan que, debido a este volumen de desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido recuperados ni identificados, el Estado español se sitúa históricamente como el segundo del mundo con mayor número de personas desaparecidas de forma forzosa, solo por detrás de Camboya. La distribución geográfica de estas fosas evidencia una marcada asimetría, concentrándose la mayor cantidad de enterramientos colectivos en Andalucía, que acumula más de 1.500 fosas, además de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Asturies, territorios donde en muchos casos, la existencia de estas fosas responde exclusivamente a la limpieza sistemática ejecutada en la retaguardia de los sublevados y no a frentes estables de combate.
La respuesta de las familias de las víctimas frente a este ocultamiento institucional ha transitado por una evolución histórica dividida en tres etapas nítidas. Una primera ola se desarrolló durante la llamada ‘Transición’, concretamente entre los años 1975 y 1981, caracterizada por exhumaciones tempranas realizadas de manera casi clandestina y estrictamente vecinal en localidades de La Rioja, Nafarroa o Castilla y León, donde las propias familias se organizaron con herramientas manuales para recuperar a sus allegados en un clima condicionado por el miedo colectivo y la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977.
La segunda ola y el verdadero giro científico se produjo en octubre del año 2000 en el municipio de Priaranza del Bierzo, ubicado en la provincia de León, cuando la exhumación de la fosa de “Los 13 de Priaranza”, impulsada por el periodista Emilio Silva, incorporó por primera vez metodologías arqueológicas y forenses modernas, un hito que propició la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y situó a la antropología y a las pruebas de ADN como las herramientas principales frente al negacionismo histórico.
La tercera ola de este proceso se consolidó con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, la cual estableció legalmente que la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas constituye “una responsabilidad directa y financiera del Estado español”, permitiendo el despliegue de planes de exhumación masiva con fondos públicos, aunque todavía son decenas de miles las víctimas que siguen bajo suelo.
En los últimos años, el enfoque de los trabajos arqueológicos se ha desplazado hacia las intervenciones en macrofosas de dimensiones industriales ubicadas en cementerios urbanos, desmantelando la narrativa de que los fusilamientos respondían a “desmanes aislados o incontrolados”. Un ejemplo paradigmático fue la culminación de los trabajos en la fosa de Pico Reja, situada en el cementerio de San Fernando en Sevilla, donde los informes técnicos documentaron el hallazgo de más de 1.700 personas asesinadas con claros signos de violencia y arrojadas de manera simultánea bajo capas de cal viva.
