Libertad con cargos para las dos detenidas por pintadas contra el turismo en Mallorca
Ambas afrontan cargos graves tras un operativo de vigilancia, registros domiciliarios y un informe de 116 páginas. La Policía advierte: “Los que cometan delitos contra intereses turísticos serán detenidos”.
Las dos activistas de 28 años detenidas por la Guardia Civil bajo la acusación de “causar daños en cinco oficinas inmobiliarias” de la localidad de Santa Maria, en Mallorca, han quedado en libertad con cargos tras comparecer ante el juzgado de guardia de la Vía Alemania, en Palma. Las jóvenes, que fueron trasladadas por separado en vehículos policiales, se acogieron a su derecho a no declarar, siguiendo la estrategia de su abogado defensor, el penalista Josep de Luis. El operativo policial, coordinado por el Equipo de Policía Judicial del Puesto de Marratxí, sigue completamente abierto debido a que las cámaras de seguridad han identificado a un tercer sospechoso, un varón cuya detención “continúa pendiente”.
La investigación penal se inició formalmente a raíz de los incidentes registrados la noche del pasado 31 de mayo, cuando cinco establecimientos inmobiliarios de Santa Maria sufrieron pintadas en sus escaparates y el reparto coordinado de pasquines. Fuentes próximas al caso confirmaron que, pese a que la valoración económica de los daños materiales en los cristales “no es elevada”, el atestado policial entregado al juzgado consta de 116 páginas e incluye un exhaustivo seguimiento de las sospechosas. Los informes policiales incorporan fotografías tomadas en el transporte público, vigilancias en los entornos de sus viviendas particulares y el registro domiciliario efectuado en la casa de una de las arrestadas. A las jóvenes, vinculadas a movimientos sociales que respaldan las consignas de la plataforma “Menys Turisme, més vida”, se les imputan inicialmente los delitos de “daños contra el patrimonio y organización criminal”, al considerarlas presuntas responsables de confeccionar y distribuir la propaganda (pasquines) que la policía interpreta como “una incitación directa a sabotear este tipo de negocios comerciales”.
Las organizaciones sociales de la isla han expresado su rechazo ante la contundencia de las medidas implementadas, calificando el despliegue y la tipificación penal de organización criminal como “una estrategia de amedrentamiento y disciplinamiento contra quienes denuncian públicamente la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en el archipiélago”. Por el contrario, la jefatura de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Balears emitieron un comunicado conjunto amenazando con que “disponen de los medios necesarios para asegurar el orden público” y afirmando de forma tajante que “los que cometan delitos contra intereses turísticos en Mallorca tienen que tener muy claro que tarde o temprano serán detenidos y puestos a disposición del juzgado”. Para dar cumplimiento a esta amenaza, ambos cuerpos han establecido dispositivos “especiales y discretos” de vigilancia en torno a los activos y agencias inmobiliarias identificados como potenciales objetivos de las acciones de protesta.
