200 colectivos reclaman a Moncloa denegar la extradición de Fergie Chambers
El activista propalestino estadounidense fue detenido en Eivissa acusado de “financiación de Hamás”, en un montaje para criminalizarlo por su actividad política y enviar ayuda humanitaria a Gaza.
La familia del activista propalestino de nacionalidad estadounidense James “Fergie” Cox Chambers, junto a un bloque de 200 organizaciones sociales, formalizó este jueves un llamamiento público dirigido a las autoridades judiciales y gubernamentales del Estado español para solicitar su inmediata excarcelación y la denegación de su extradición a los Estados Unidos. Chambers fue detenido la semana pasada en la isla de Eivissa (Illes Balears) por agentes adscritos a la Comisaría General de Información y fue trasladado esta semana a un centro penitenciario de Madrid, donde permanece a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva la reclamación emitida por el Departamento de Justicia estadounidense, que lo acusa de “blanqueo de capitales” y de intentar “proporcionar apoyo financiero a Hamás”.
A través de un comunicado oficial emitido por sus familiares, el entorno del detenido defiende que Chambers ha destinado parte del patrimonio que le correspondía tras desvincularse en 2023 del conglomerado empresarial Cox Enterprises, estimado en 250 millones de dólares, a donar más de un millón de dólares a entidades humanitarias palestinas encargadas de suministrar asistencia médica, atención psiquiátrica, plantas desalinizadoras y recursos alimentarios en la Franja de Gaza. La defensa del activista sostiene que los cargos penales presentados por Washington se enmarcan dentro de una campaña global de la administración Trump dirigida contra activistas calificados de “extrema izquierda”, y afirma que la imputación principal se basa de forma distorsionada en transferencias bancarias enviadas desde Estados Unidos a Túnez, país de residencia de Chambers, destinadas al patrocinio del Club Africain, el actual campeón de la liga nacional de fútbol de dicho país africano.
Por su parte, el manifiesto suscrito por los 200 colectivos y organizaciones sociales advierte que la entrega de Chambers a los tribunales norteamericanos sentaría “un precedente extremadamente peligroso” al convertirse en el primer caso de una persona reclamada desde territorio español por su alineamiento con la causa palestina. Las organizaciones alertan de que, en caso de ejecutarse la extradición a territorio estadounidense, existen riesgos fundados de que se vulneren los derechos fundamentales del detenido, señalando el peligro de que sea sometido a condiciones de reclusión prolongada en solitario o torturas.
De acuerdo con el marco legal aplicable al procedimiento de cooperación jurídica internacional, el Tribunal Supremo dispone a partir de este momento de un plazo de 40 días para estimar o desestimar de forma razonada la reclamación judicial de Washington; en caso de que el tribunal emita un dictamen favorable a la entrega, la decisión final e inapelable recaerá sobre el Consejo de Ministros de España.
