Desmontando el mito de la espontaneidad en la represión franquista del 36

Tras cumplirse noventa años del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, las investigaciones historiográficas contemporáneas han consolidado como un hecho fehaciente que la represión desatada por el bando sublevado en diferentes pueblos y ciudades no fue el resultado de desmanes caóticos o espontáneos, sino una estrategia punitiva minuciosamente planificada desde la cúpula militar con un marcado carácter de clase. Lejos de responder a una violencia ciega, el terror fascista se ensañó de manera sistemática contra la clase trabajadora organizada, los jornaleros y el campesinado con el objetivo explícito de restaurar la jerarquía social previa y aniquilar las conquistas políticas y laborales alcanzadas durante la Segunda República. La resistencia armada de la clase obrera en las calles logró detener parcialmente la insurrección en gran parte del Estado, lo que llevó a los militares rebeldes a aplicar una política de tierra quemada y exterminio en las zonas que caían bajo su control.

El diseño de este exterminio selectivo quedó registrado de forma explícita en las directrices de los propios líderes del alzamiento durante el verano de 1936. A finales de julio de aquel año, el general Emilio Mola proclamó a través de los micrófonos de Radio Castilla de Burgos su rechazo a cualquier negociación con las fuerzas sindicales al declarar que “Podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos; pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad, y para aniquilarlos”. Esta postura coincidía con la del general Gonzalo Queipo de Llano, quien definió públicamente la intervención militar como un “movimiento depurador del pueblo español”, y con las propias comunicaciones de Francisco Franco, quien dejó por escrito que consideraba preferible “una ocupación sistemática del territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios”. El trasfondo de este ensañamiento institucionalizado era el temor de la oligarquía financiera y terrateniente a que la movilización del proletariado desbordara la vía parlamentaria, por lo que la violencia se utilizó como un escarmiento disciplinador.

El análisis estructural de este fenómeno, respaldado, entre otros, por las investigaciones del historiador Josep Fontana, demuestra que la impunidad de base otorgada desde la jefatura militar fue la pieza clave que posibilitó el terror cotidiano en los municipios. Fontana constata que, aunque una parte sustancial de las ejecuciones locales fue materializada por falangistas, caciques o partidarios del nuevo régimen por cuenta propia, la incitación y la tolerancia absoluta procedían directamente de la cúspide del mando castrense, lo que despoja de cualquier espontaneidad a los crímenes de la retaguardia. Las fuerzas sublevadas instrumentalizaron el revanchismo social en los pueblos para delegar la delación y el asesinato de trabajadores y asegurar el sometimiento de la población desposeída a través del miedo.

Esta violencia dirigida golpeó con especial dureza al tejido obrero del país, registrando un perfil de víctimas eminentemente obrero y campesino. Los estudios demográficos revelan que la gran mayoría de los fusilados fueron jornaleros del campo, trabajadores asalariados de las grandes ciudades y empleados de sectores estratégicos como el ferrocarril, cuya persecución masiva buscaba paralizar la capacidad logística de las organizaciones obreras. Este descabezamiento político se complementó con la desarticulación sistemática de sindicatos como la CNT y la UGT, la clausura de ateneos libertarios y el desmantelamiento de las Casas del Pueblo.