El capital contra la República

Toda guerra requiere de ingentes cantidades de dinero y medios que, en caso de no provenir directamente desde las estructuras de un estado, deben ser aportadas por el capital privado interesado. De esta manera, el sublevamiento del bando nacional en el 36, lo habilitaron los grandes capitales, sobre todo financieros y agrarios, con el claro objetivo de conseguir mantener o aumentar su riqueza y patrimonio.

Para comprender la magnitud de lo que estaba en juego, en primer lugar se ve que en 1930 el sector primario ocupaba todavía al 45,5% de la población activa, de modo que el control de la tierra seguía determinando la jerarquía social de la inmensa mayoría del país. Según datos del catastro, en el año 1934 apenas el 1,25% de los contribuyentes acaparaba más del 40 por ciento de la "riqueza rústica" (valor económico de todos los bienes inmuebles de naturaleza rural) registrada. En Andalucía, cuarenta propietarios reunían por sí solos alrededor de 600.000 hectáreas en fincas superiores a las cinco mil, mientras que en la provincia de Badajoz una veintena escasa de familias poseía la tercera parte de la superficie cultivada. Frente a ese puñado de familias, cerca de dos millones de jornaleros sin tierra sobrevivían en condiciones de miseria endémica, de manera que la Ley de Reforma Agraria de 1932, que preveía la "expropiación" indemnizada de una fracción de los latifundios, amenazaba parte de la ganancia de estos pocos actores, los cuales no estaban dispuestos a perderla.

Ese interés se tradujo, en el plano material, en una financiación del alzamiento. La figura arquetípica fue el banquero y contrabandista Juan March, cuya fortuna rondaba los cuatro mil millones de pesetas en 1936 y a quien se atribuye una aportación a los rebeldes que, según las distintas fuentes, osciló entre los mil millones de pesetas y los quince millones de libras esterlinas. March costeó el fletamento del Dragon Rapide que trasladó a Franco desde Canarias hasta Marruecos, entregó al general Mola unos seiscientos millones de pesetas materializados en una cartera de valores y depositó cinco millones de dólares en París, Roma y Lisboa como garantía por si la intentona fracasaba; asimismo, avaló ante la petrolera norteamericana Texaco el suministro del primer combustible a los sublevados, que la compañía sirvió a crédito al tiempo que interrumpía el que tenía contratado con el Gobierno legítimo. A esa columna vertebral se sumaron otros agentes, como el político Francesc Cambó, que recaudó sumas considerables, y Antonio Goicoechea, quien años antes había negociado ante Roma la financiación de la violencia parapolicial. El respaldo, por otra parte, no se agotaba en las grandes fortunas, ya que, según han documentado los historiadores Francisco Espinosa y Paul Preston, la derecha reunió donativos pueblo a pueblo y los latifundistas pertrecharon con sus recursos a las columnas de guardias civiles, falangistas y señoritos que reconquistaban el campo con el propósito explícito de revertir la reforma agraria y restituir las fincas a sus antiguos dueños.

Lejos de arruinar a sus patrocinadores, la guerra los enriqueció, tal como ilustra el caso de March, cuya fortuna pasó de aquellos cuatro mil millones de pesetas de 1936 a unos diez mil al concluir la contienda, una revalorización que muestra hasta qué punto el conflicto operó, para quienes lo habían sufragado, como un mecanismo de acumulación antes que de dispendio. La victoria inauguró, además, un sistema clientelar en el que el círculo del dictador administraba concesiones, monopolios y bienes incautados, de suerte que las expropiaciones practicadas sobre los vencidos alimentaron patrimonios enteramente nuevos —los Banús o los Koplowitz cimentaron sus imperios sobre recursos así obtenidos—, mientras el estraperlo multiplicaba las ganancias de los bien situados en plena hambruna, la que entre 1939 y 1942 se cobró más de doscientos mil muertos. El propio March protagonizó uno de los mayores despojos del período cuando, en 1948, forzó la quiebra de la Barcelona Traction para quedarse con sus activos, germen de la futura FECSA.

El aspecto más relevante, sin embargo, es la perdurabilidad de aquellas fortunas. Estas, no se disolvieron con la dictadura, sino que se blanquearon durante la Transición y arribaron intactas al presente. Así, la familia March conserva hoy un patrimonio estimado en cinco mil millones de euros y participaciones en cerca de ciento cincuenta empresas; los Cortina y Alcocer manejan alrededor de novecientos cincuenta millones, y con ellos una extensa nómina de apellidos que, transitó de la autarquía al parqué contemporáneo conservando el dominio de la banca, la construcción, la energía y los medios de comunicación. De este modo, la reforma pactada de 1975 a 1978 mudó el régimen político, pero dejó incólume la estructura económica erigida sobre la derrota.