La multitudinaria manifestación en Valencia de este sábado, con 130.000 asistentes según cifras oficiales, exigió la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la DANA, que suma ya 214 muertos solo en el País Valencià. Sin embargo, la Generalitat ha declarado este domingo que "rechaza cualquier dimisión en este momento".

Mazón ha pospuesto explicaciones detalladas hasta el jueves en el Parlament, centrando su defensa en “desmentir informaciones falsas sobre su tardanza en asistir al Cecopi”, gabinete de crisis al que llegó dos horas tarde tras una comida. La vicepresidenta Susana Camarero reafirmó el respaldo al president, aunque reconoció la polémica sobre la consellera de Interior, Salomé Pradas, quien desconocía el sistema de alertas.

La dirección estatal del PP apoya a Mazón, acusando al ejecutivo de Pedro Sánchez de "no liderar" la crisis y señalando la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Teresa Ribera, “por tardar en notificar la subida del caudal en barrancos”. Desde la sede de Génova, piden el estado de emergencia, cerrando filas con el PP valenciano y evitando la confrontación interna. Mientras tanto, desde el Gobierno español, el ministro Ángel Víctor Torres destacó “la importancia de centrarse en la respuesta inmediata”, evitando así hacer eco del descontento popular dirigido contra Mazón y que empieza a extenderse hacia Moncloa.