Podemos ha alcanzado un acuerdo con el PSOE, que permitirá aprobar la reforma fiscal que demanda Bruselas, incluyendo la creación de un impuesto a las grandes empresas energéticas. Este pacto contempla que las compañías puedan desgravarse parte del tributo si invierten en proyectos de descarbonización, una condición exigida por Junts para apoyar la medida. Además, se formará una comisión negociadora con todos los grupos parlamentarios para detallar esta nueva figura tributaria, cuya aprobación definitiva deberá lograrse antes del 31 de diciembre.
Han firmado el acuerdo tras días de tensas negociaciones. Podemos presionó para que el compromiso del PSOE incluyera garantías concretas del apoyo de Junts al impuesto, lo que finalmente logró desbloquear la reforma. Según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo “garantizará una política fiscal más justa y redistributiva”. Sin embargo, Junts ha sido cauto en sus declaraciones, destacando que “evaluará la materialización de los acuerdos alcanzados”.
En caso de que no se logre consenso antes de fin de año, el Gobierno español aprobará un decreto para prorrogar el impuesto actual durante 2025. EH Bildu, ERC y BNG han celebrado el pacto, subrayando “la importancia de que las energéticas contribuyan de forma proporcional a sus beneficios extraordinarios”. Por su parte, Belarra, líder de Podemos, afirmó que “el acuerdo marca un hito en la lucha por un sistema tributario más equitativo y sostenible”.
Sin embargo, esta última reforma fiscal incluye otras medidas, como la que va a permitirá a CaixaBank reducir su factura fiscal del nuevo impuesto a la banca en función de sus aportaciones a la Fundación La Caixa, gracias a una enmienda en negociación en el Congreso. La medida, impulsada por Junts y respaldada por el PSOE, permitiría descontar hasta el 25% de estas contribuciones de la cuota tributaria. Esto podría ahorrar al banco hasta 125 millones de euros al año. Además, otros tipos de impuestos progresivos, como el impuesto sobre bienes de lujo, el aumento del gravamen al diésel o el fin de las ventajas fiscales a socimis y pisos turísticos, han sido descartados de entrada.
Por tanto, la presente reforma fiscal, que se deberá aprobar este jueves por la tarde, no es una reforma fiscal integral, sino un ajuste coyuntural sobre cuestiones concretas. En el impuesto a la banca, por ejemplo, se impondrá a las ganancias extraordinarias a partir de 5.000 millones de euros, por debajo de esa cantidad no habrá impuesto extraordinario. Además, la reforma estará sujeta a un equilibrio político muy frágil, como muestran los desacuerdos con Junts, y dependerá también de la presión que hagan las empresas implicadas. En el sector energético, por ejemplo, Repsol llegó a amenazar a Moncloa con deslocalizaciones.
