En el inicio del año 2025, alrededor de 140 presos políticos vascos continúan en prisión. Este número incluye a los 122 miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), nueve personas que abandonaron voluntariamente el colectivo por razones políticas y otras que, según Berria, podrían ser unas diez, no forman parte del mismo por motivos diversos. Durante 2024, ocho personas quedaron en libertad tras cumplir íntegramente sus condenas, mientras que otras doce fueron liberadas bajo medidas condicionadas.
Al menos cinco presos políticos vascos permanecen encarcelados en el Estado francés, cuatro en Lannemezan (a casi 300 kilómetros de Euskal Herria) y uno en Réau (a unos 900 kilómetros). Sin embargo, la mayoría se encuentra en prisiones de Euskal Herria sur: al menos 56 en Zaballa (Araba), 29 en Martutene (Guipuzkoa), 11 en Basauri (Bizkaia) y cinco en Iruñea (Nafarroa). Otros 35 cumplen su condena en casa bajo medidas de control, y una persona está incluida en el programa especial Besarkada Etxea.
Más de 20 años en prisión y sin cambios visibles
Entre los presos, al menos tres llevan más de 30 años encarcelados: Jose Mari Dorronsoro, Unai Parot e Iñaki Bilbao. Según el recuento de Naiz, solo se mencionan a los dos primeros, ya que Bilbao dejó el EPPK por razones políticas. Además, al menos 75 presos han cumplido más de 20 años en prisión, y al menos 13 han superado los 25 años.
La ley conocida como 7/2003, introducida hace 22 años durante el mandato del expresidente del PP José María Aznar, sigue vigente sin cambios. Según el colectivo Etxerat, la Audiencia Nacional española ha establecido que al menos 14 presos políticos cumplirán penas extendidas hasta los 40 años de prisión.
Derechos fundamentales vulnerados en prisiones vascas
Aunque las prisiones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa están bajo la gestión del Gobierno Vasco, los derechos fundamentales de los presos políticos siguen siendo vulnerados. En junio pasado, varios presos políticos denunciaron mediante una carta las deficiencias en comunicación: visitas en condiciones precarias y problemas técnicos en los locutorios. Como respuesta, llevaron a cabo una huelga de locutorios, que lograron ganar.
En una carta anterior, publicada también en junio, varios presos destacaron que la frecuencia y duración de las visitas presenciales se habían reducido drásticamente. Además, señalaron que el Gobierno Vasco había prohibido a decenas de personas visitar a los presos políticos y participar en diversos eventos en las cárceles, basándose en una lista negra motivada por razones políticas. Tras esta denuncia, familiares y amigos de los presos realizaron una comparecencia pública.
En diciembre, Tinko informó que una posible huelga encubierta del personal en la prisión de Zaballa dejó a cientos de presos sin visitas de familiares o abogados. Este suceso ha profundizado las condiciones de aislamiento de los presos, con impactos que aún persisten.
