Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han celebrado este jueves en Bilbo (Bizkaia) la decisión del TSJPV de anular el artículo del Reglamento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que exigía acreditar la titularidad de una vivienda o un contrato de alquiler para recibir la ayuda. La sentencia, que invalida el artículo 2.2 del Decreto 173/2023, considera que este requisito “carecía de respaldo legal y suponía un obstáculo injustificado para quienes viven en alojamientos sin título legal”, afectando especialmente a mujeres trabajadoras, personas inmigrantes y jóvenes.
Las organizaciones han calificado esta resolución como una “victoria parcial”, advirtiendo que forma parte de “una lucha más amplia contra las políticas del Gobierno Vasco” que, según denuncian, “buscan excluir a los sectores más vulnerables de la prestación”. Critican el endurecimiento de los controles por parte del servicio autonómico de empleo Lanbide y la Ertzaintza, que han reducido drásticamente el número de beneficiarios que comparten vivienda: de 15.118 unidades en enero de 2023 a 9.246 en diciembre de 2024, lo que representa una caída del 38,8%.
Ante esta situación, los colectivos han reafirmado su compromiso de continuar la movilización contra los recortes en las prestaciones sociales y la criminalización de la pobreza. Han hecho un llamado a las personas afectadas a unirse a la organización y la resistencia colectiva, destacando que “frente al recorte de derechos económicos y políticos, la organización es efectiva”.
