El Gobierno Vasco estudia solicitar más competencias en inmigración

El Ejecutivo de Imanol Pradales sigue con interés la negociación entre PSOE y Junts, evaluando la posibilidad de reclamar nuevas transferencias.

Imagen de archivo del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales.
Foto: vía El Periódico de España

El Gobierno Vasco ha expresado su interés en las competencias en inmigración, competencias que el Gobierno español ha acordado ceder a Catalunya en el marco del acuerdo entre el PSOE y Junts. La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, ha señalado que siguen “con mucho interés” estas negociaciones y que lo pactado se tendrá en cuenta en las reuniones abiertas con el Estado español para completar el Estatuto de Autonomía de 1979. Ubarretxena ha afirmado que “por supuesto” se analizará la posibilidad de solicitar más transferencias en las comisiones bilaterales con Madrid.

En los últimos años, el Estado ha transferido algunas competencias relacionadas con la inmigración a la Comunidad Autónoma Vasca, sin afectar a las atribuciones exclusivas de Moncloa. Entre ellas, la gestión de la acogida de migrantes, la homologación de títulos extranjeros —actualmente paralizada por un recurso judicial—, la tramitación de permisos de trabajo y un mayor papel de la Ertzaintza en el control de puertos y aeropuertos estatales.

Sin embargo, el acuerdo entre el PSOE y Junts prevé delegaciones más amplias a la Generalitat, incluyendo la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la presencia de los Mossos d’Esquadra en fronteras y la expedición de documentación para personas migrantes.

Por ello, el Gobierno Vasco se reúne en una nueva reunión de la comisión mixta de transferencias con el Ejecutivo central este jueves, tras haber sido aplazada la semana pasada. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, en este encuentro se formalizará la transferencia de meteorología y permisos de trabajo para extranjeros. Más allá de la inmigración, Lakua ha señalado que sus principales demandas en las negociaciones con el Estado son “la gestión económica de la Seguridad Social” y “la asunción de competencias pendientes en Inspección de Trabajo y prestaciones por desempleo”.