La mañana del miércoles 28 de mayo, un dispositivo de la Policía Nacional española ha desalojado el centro social autogestionado La Madriguera, ubicado en la calle Azacayas de Granada.
Según fuentes policiales citadas por El Salto Diario, la operación se ha realizado “mediante orden judicial y sin registrar incidentes”. Las personas que mantenían el espacio han sido sorprendidas por la intervención, sin margen para organizar una respuesta pública. De hecho, el inmueble, ocupado desde hace meses con actividades culturales y sociales, tenía previstas nuevas convocatorias en los próximos días, según habían comunicado sus integrantes antes del desalojo.
El desalojo se produce después del primer intento el pasado mes de enero, cuando la empresa AMA Desokupa, con apoyo de la Policía, intentó forzar la salida de las personas que gestionaban el centro. La represión policial de esta jornada dejó una persona detenida y cuatro heridas, con lesiones como fracturas y contusiones craneales, según denuncias recogidas por la Red de Observadoras de Granada.
Esta organización documentó graves vulneraciones de derechos y señaló “la gravedad de la colaboración explícita del cuerpo de la Policía Nacional y la empresa AMA Desokupa”. Una de las afectadas afirmó que los agentes “la golpearon con las defensas en reiteradas ocasiones por diversas partes de la cabeza y del cuerpo hasta tirarla al suelo”.
AMA Desokupa, propiedad de la empresaria Ángela Jiménez Mendoza, ha recibido subvenciones públicas como los 1.925 euros otorgados por el Servicio Andaluz de Empleo en 2022 y una ayuda adicional de 3.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para implementar el KIT digital, según información consultada en El Salto Diario.
La empresa también ofrece servicios de “seguridad y formación”, y declara entre sus clientes a la Diputación de Granada y al Archivo Histórico de la ciudad.
Desde La Madriguera, se afirmó en marzo que el acuerdo de desalojo alcanzado tras el intento de enero quedó roto, alegando amenazas por parte de AMA Desokupa y acusando a la propiedad de actuar en favor de intereses vinculados a la especulación inmobiliaria.
