Desde la instauración de la democracia en 1978, el Partido Socialista Obrero Español ha estado implicado en más de 100 causas judiciales relacionadas con corrupción política, convirtiéndose en uno de los partidos con mayor número de escándalos en el Estado español, solo superado en volumen por el Partido Popular.
En algunas comunidades donde más años ha gobernado el PSOE, el partido se ha convertido en líder indiscutible en corrupción, situándose en la cima del pódium de la corrupción por número de casos destapados en cinco territorios: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturies.
El caso más emblemático y grave fue el de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, que supuso el desfalco de más de 800 millones de euros de fondos públicos y llevó a la condena de más de veinte altos cargos, incluidos expresidentes autonómicos como Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este escándalo representó el mayor caso de corrupción de la democracia española y sacó a la luz todo un sistema clientelar de malversación que actuaba sin control.
“Cocaína, copas y prostitutas” con dinero público
Uno de los episodios más llamativos dentro del macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía implicó el uso de fondos públicos para gastos en prostitución, copas y drogas por parte de varios altos cargos de la Junta de Andalucía y miembros del sindicato UGT, ambos vinculados al PSOE andaluz.
El caso se centró especialmente en la figura de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía, quien gestionaba de manera discrecional el reparto de ayudas millonarias a empresas y particulares, especialmente en la Sierra Norte de Sevilla.
Según demostró la investigación judicial y el testimonio de su chófer, Juan Francisco Trujillo, parte de ese dinero público fue utilizado para fines personales, entre ellos la compra de cocaína y el pago de prostitución.
Trujillo confesó ante la Guardia Civil que con el dinero recibido, supuestamente destinado a la “creación de empresas”, se pagaron “cocaína, copas y prostitutas”, y que incluso sobornaba a Guerrero para obtener más subvenciones. Este escándalo se enmarca dentro del conocido como “fondo de reptiles”, una partida opaca de la Junta de Andalucía desde la que se desviaron cientos de millones de euros entre 2000 y 2009.
La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, acreditó que Guerrero y su entorno gastaron parte de esos fondos públicos en fiestas y prostitución, lo que llevó a su ingreso en prisión provisional y a la imputación de decenas de cargos políticos y sindicales
El caso ERE y las ramificaciones como el uso de dinero público para prostitución han sido considerados uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española, con más de 200 imputados, incluidos altos cargos del PSOE andaluz y de UGT. A pesar de todo, el “fondo de reptiles” no es demasiado conocido a nivel estatal.
Financiación ilegal y tramas urbanísticas
Además de los ERE, el PSOE ha estado implicado en numerosos casos de financiación ilegal y tramas urbanísticas, como el Caso Filesa, que reveló el uso de empresas pantalla para captar fondos ilegales en los años 80 y 90. Otros casos derivados fueron el Caso AVE y el Caso Seat, relacionados con comisiones ilegales y recalificaciones irregulares para financiar al partido, todos ampliamente documentados.
Más recientemente, salió a la luz el caso Azud en la Comunidad Valenciana, donde la Fiscalía ha acreditado pagos de empresas a cambio de adjudicaciones y facturas falsas para sufragar campañas del PSOE; en paralelo, el partido también ha protagonizado numerosas tramas urbanísticas, especialmente en Andalucía, Asturies y Castilla-La Mancha, donde alcaldes y cargos del partido han sido condenados o imputados por adjudicaciones irregulares, malversación y amaños en contratos públicos, como en el caso Púnica, en el que el exalcalde del PSOE de Parla admitió el amaño de un contrato de 54,6 millones de euros y el cobro de comisiones ilegales.
Reinos de Taifas
En el ámbito local y autonómico, existe una correlación directa entre la implantación territorial e institucional del PSOE y los casos de corrupción. Andalucía, donde el partido ha gobernado de forma ininterrumpida durante 40 años, es la comunidad más afectada: más de 50 cargos públicos imputados en casos abiertos y múltiples investigaciones en municipios como Dos Hermanas. En regiones como Asturias y Castilla-La Mancha, se han detectado desfalcos y adjudicaciones irregulares por millones de euros.
Este cúmulo de casos ha generado un impacto económico y social significativo, contribuyendo a un agujero millonario en las arcas públicas y erosionando la confianza en las instituciones. Actualmente, la Justicia continúa investigando numerosos procesos abiertos, mientras el PSOE enfrenta cada vez más dificultades para recuperar la credibilidad perdida.
Los GAL
Además de todas las tramas de financiación ilegal, desfalcos y corrupción urbanística, el caso más grave en la historia reciente del PSOE es el caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una oscura operación de terrorismo de Estado llevada a cabo entre 1983 y 1987 durante el primer gobierno de Felipe González.
Los GAL fueron grupos parapoliciales financiados con fondos públicos del Ministerio del Interior que practicaron una guerra sucia contra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, cometiendo secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, con un total de 27 víctimas mortales confirmadas, muchas de ellas incluso ciudadanos franceses o vascos sin ninguna relación con el conflicto armado.
Altos cargos del PSOE, como los ministros José Barrionuevo y Rafael Vera, fueron condenados por delitos de secuestro, malversación y asociación ilícita, mientras que la investigación periodística y judicial demostró que estas acciones ilegales fueron organizadas y financiadas desde el propio Gobierno, aunque Felipe González nunca fue acusado formalmente, pese a las claras evidencias y la presión política.
Este caso supuso un punto de inflexión en la política institucional, afectó gravemente la imagen del PSOE y contribuyó a su derrota electoral en 1996, dejando en evidencia la naturaleza de la democracia española.
Casos actuales
Actualmente, el PSOE enfrenta al menos cuatro casos de corrupción abiertos de alto perfil que afectan directamente a cargos del partido y personas del entorno cercano a la cúpula de Ferraz.
- Caso Koldo: Investigación sobre adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia, que implica al exministro José Luis Ábalos y otros cargos del partido, así como a gobiernos autonómicos liderados por el PSOE en Canarias y Balears.
- Investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: Imputado por presunta revelación de secretos, en una causa que salpica a la cúpula judicial puesta a dedo por el Gobierno.
- Caso Begoña Gómez: La esposa del presidente Pedro Sánchez está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional.
- Investigación al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez: Por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación relacionados con su contratación en la administración pública extremeña.
A estos cuatro procedimientos de alto calibre hay que sumar otras investigaciones menores y expedientes informativos abiertos a militantes o cargos intermedios del partido que no aparecen tanto en los medios de comunicación.
En definitiva, el PSOE es uno de los partidos más afectados por la corrupción en el Estado español, con un historial que abarca desde los años 80 hasta la actualidad, y que cualitativamente incluye los casos más sonados y graves de la democracia española. Además, es el partido más corrupto en cinco comunidades, el más corrupto por número de implicados en un solo caso y responsable directo de crímenes de lesa humanidad que han quedado prácticamente impunes.
