El movimiento de vivienda ha denunciado este martes en diversas concentraciones la imposición de sanciones económicas que suman ya 98.000 euros por su participación en protestas contra desahucios y por la exigencia de alquileres asequibles.
La protesta ha sido impulsada por el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza y Guadalajara, Plan Sareb, No Somos Delito y las 8 de Caixabank, en respuesta a una “escalada represiva” por parte del Estado. Así lo recogen El Salto Diario y otras plataformas convocantes.
Entre los casos citados, los colectivos destacan los 18.000 euros en sanciones solo por intentar evitar el desahucio de una mujer víctima de violencia machista en Vallecas (Madrid), los siete años de procesos judiciales abiertos en Guadalajara y los 60 años de cárcel que afrontan activistas en Zaragoza.
Además, recuerdan la concentración del 19 de noviembre de 2024 en el Ministerio de Derechos Sociales, en la que señalaron el papel de CaixaBank como entidad desahuciadora, a pesar de contar con participación estatal a través del FROB. Según relatan, “ese día se nos prometió que no habría represalias, pero desde entonces hemos recibido 15 sanciones ya firmes y otras 30 están pendientes”.
El movimiento exige la paralización de todos los procedimientos de desahucio en marcha vinculados a la Sareb, la ruptura de sus contratos con intermediarios privados y la suspensión definitiva de la venta de sus activos.
Denuncian que mientras “crece el apoyo social a las movilizaciones y la preocupación por la vivienda”, el gobierno responde “asfixiando con multas a quienes se organizan”, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
Las organizaciones convocantes también señalan la falta de avances en las mesas de negociación y reiteran su intención de seguir movilizándose frente a la represión sistemática.
