50 años de la muerte de Franco
Las élites empresariales, las leyes y el aparato de Estado surgido del franquismo se mantienen desde la Transición hasta hoy.
Este 20 de noviembre se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, el dictador fascista que gobernó el Estado español con puño de hierro durante casi cuatro décadas tras un golpe militar apoyado por grandes terratenientes, jerarquía eclesiástica, banqueros, industriales, potencias fascistas europeas y buena parte de la burguesía occidental, sometiendo a la clase obrera, las naciones y lenguas oprimidas, las mujeres, minorías étnicas y el colectivo LGTBI. Medio siglo después, múltiples movimientos y académicos siguen señalando que el Estado español mantiene las bases materiales de aquel régimen y mantiene estructuras heredadas que siguen condicionando la vida política, económica y cultural del país.
Acumulación originaria franquista
Las grandes familias burguesas que se enriquecieron a costa del trabajo forzado, la represión sindical y la adjudicación directa de contratos públicos durante la dictadura conservaron su posición en la Transición y se consolidaron en los años 80 y 90, como la controvertida Acciona, señalada estos días como empresa corruptora en la trama del PSOE. Varias de las compañías que hoy controlan sectores estratégicos —energía, banca, construcción o medios de comunicación— deben su fortuna a aquella acumulación originaria de capital. En la Transición, se calcula que al menos el 40% de las grandes fortunas provenía directamente de las élites franquistas.
Los obreros que nunca pudieron matar
El exterminio sistemático de militantes obreros, revolucionarios, sindicalistas, campesinos, republicanos y nacionalistas catalanes, vascos y galegos durante la Guerra Civil y la represión de la dictadura no cerraron la historia de la resistencia. Miles de hombres y mujeres siguieron luchando desde las sombras: en los montes con la guerrilla antifranquista, en las células clandestinas de las ciudades, en las fábricas articulando huelgas ilegales, en las universidades y, en muchos casos, con las armas en la mano.
Esta resistencia costó incontables encarcelamientos, torturas y ejecuciones que se prolongaron hasta el final del franquismo con Franco y la Transición, un proceso de reforma que solo pudo consolidarse con 200 cadáveres por violencia policial y atentados fascistas que sirvieron para estrangular la resistencia revolucionaria. Los combatientes antifascistas mantuvieron viva una cultura política de solidaridad y combate que el régimen nunca logró erradicar por completo, a costa de pagar un altísimo precio.
Memoria histórica en disputa
Con miles y miles de cadáveres que siguen enterrados en fosas comunes y cunetas, superando los desaparecidos de la suma de las dictaduras de Chile, Argentina, Perú y Guatemala juntas, asociaciones de víctimas y memorialistas exigen justicia, reparación y apertura de archivos, impedido por la ley franquista de Secretos Oficiales. Sin embargo, los Gobiernos de distintos colores —tanto estatales como autonómicos— han ido aplicando las conocidas "leyes de memoria", caracterizadas por financiación insuficiente, ausencia de planes sistemáticos de exhumaciones, persistencia de simbología franquista y planes de "resignificación" de monumenos señalados como revisionistas y blanqueadores.
A este inmobilismo institucional se le suma la presión de sectores fascistas, que no quieren que se cambie ni una coma, y tratan de reblanquear la dictadura y minimizar su violencia estructural: más de 100.000 personas represaliadas siguen en fosas comunes, miles de familias continúan sin acceso a documentación clave y ningún alto responsable económico, político, jurídico ni militar del régimen enfrentó procesos judiciales por sus crímenes tras 1975, por mucho que el dictador desapareciera físicamente. Solo algunas organizaciones armadas antifascistas actuaron contra los cuadros del régimen.
Colectivos de memoria histórica y organizaciones políticas antifascistas advierten que la ofensiva discursiva busca reinstalar una versión idealizada del franquismo y legitimar posiciones autoritarias en el presente. Señalan que la disputa por la memoria no es simbólica, sino material: influye en qué derechos se reconocen, cuáles se niegan, qué violencias se invisibilizan, cuáles se impulsan y qué modelo de sociedad se construye. En ese sentido, expertos señalan datos preocupantes de desconocimiento sobre el franquismo en las nuevas generaciones, como que el 84% de los centros educativos ni siquiera menciona la lucha antifranquista en sus aulas.
Autoritarismo con mano derecha y mano izquierda
En los últimos años, partidos como el PP y Vox se han negado reiteradamente a reconocer el carácter criminal de la dictadura fascista y han cuestionado incluso las tibias políticas de memoria que pretenden establecer unos reconocimientos mínimos a las víctimas, llegando a banalizar, minimizar, justificar e incluso ensalzar abiertamente el franquismo desde sus tribunas parlamentarias, sin consecuencias penales, mientras antifascistas son perseguidos y encarcelados por delitos de opinión.
Estos discursos apologéticos del fascismo, que se entrelazan con ataques a monumentos de memoria histórica y presencia callejera de grupos neonazis, fascistas y escuadrones parapoliciales de desocupación, llegan en paralelo a iniciativas autoritarias impuestas por gobiernos del PSOE y sus muletas izquierdas, que han instalado recortes de derechos laborales, límites a la protesta, control social, represión y políticas securitarias que afectan a la clase trabajadora en su conjunto, pero sobre todo a los sectores más depauperados, jóvenes y población migrante, con contestación social mínima.
El aniversario como recordatorio de las tareas políticas
El medio siglo de la muerte de Franco no es, para quienes luchan en el presente, ningún cierre histórico, sino una constatación: siguen intactas las estructuras de clase, los beneficios económicos, privilegios y los aparatos represivos que el franquismo forjó y dejó en herencia.
Por ello, la fecha llega en un contexto donde se vuelve a poner en tela de juicio el carácter de clase del Estado, el poder de las élites económicas y la reacción autoritaria que crece en Europa. En ese escenario, organizaciones revolucionarias reclaman un proceso de ruptura política con el Estado español que desmonte los pilares materiales y sociales que permitieron que la dictadura durara casi cuatro décadas y siga proyectando sombras cincuenta años después.
