Jupol y Telemadrid señalan a GKS
El lobby policial de extrema derecha y la televisión pública madrileña se suman a la campaña de criminalización contra el Mugimendu Sozialista, tildándolo como "la nueva y violenta kale borroka".
El lobby policial de extrema derecha Jupol, cuyo portavoz ha solido defender las ejecuciones extrajudiciales en la "lucha contra el narcotráfico", y el canal público Telemadrid, controlado por el Gobierno regional del Partido Popular, han impulsado una campaña mediática para criminalizar a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), la organización juvenil del Movimiento Socialista (MS) de Euskal Herria.
En declaraciones reproducidas en la red social X, Jupol afirmó: "La Kale Borroka (terrorismo callejero) está de vuelta en el País Vasco y Navarra". Señala directamente a GKS como responsable, calificándolo como movimiento "abertzale", y acusándolo directamente de haber provocado incidentes en Iruñea (Nafarroa) durante la convocatoria antifascista que impidió la presencia de Vito Quiles, en Bilbo (Bizkaia) en el partido entre Euskal Selekzioa-Palestina, donde no hubo altercados, y de "herir a Ertzainas" en Donostia (Gipuzkoa).
"La crisis de vivienda y las protestas pro-palestina como excusa para tomar el espacio público"
El reportaje de Telemadrid, titulado Nueva y violenta 'Kale Borroka', amplificado por el lobby policial en sus redes, describe a los miembros de GKS como "abertzales, propalestinos, ultras de izquierda". También mezcla siglas con desinformación abierta, llegando a afirmar que "provienen de Sortu, ligada a Bildu", una vinculación orgánica falsa que tanto Sortu como GKS han negado siempre.
La televisión pública madrileña acusa a los jóvenes de "ocultarse de negro tapados con pasamontañas y capuchas para evitar ser identificados" y de "agredir sin motivo a un periodista que realizaba su trabajo informativo". Posteriormente, reprochan a GKS, "con marcada línea comunista y con penetración en ambiente estudiantil", de "usar la crisis de vivienda y las protestas pro-palestina como excusa para tomar el espacio público"; un lenguaje que sugiere que tomar las calles para protestar constituye un hecho potencialmente delictivo.
"Está preocupando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"
"Es un movimiento muy radical, muy violento, y que está preocupando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirmaba el portavoz de Jupol. Telemadrid recalca el carácter "organizado", "metódico" y "combativo" de GKS. Todas estas afirmaciones, difundidas sin ningún contraste ni contextualización con fuentes de la propia organización juvenil, forman parte del habitual marco discursivo que busca estigmatizar la protesta y la organización. La pieza "periodística" se limita a reproducir el relato de los lobbys policiales de extrema derecha, quienes emplean terminología alarmista como "radicalidad y gran violencia" para aumentar sus medios materiales, salarios e impunidad judicial.
La “Kale Borroka” (terrorismo callejero) está de vuelta en País Vasco y Navarra.
— JUPOL (@JupolNacional) November 30, 2025
El movimiento “abertzale” se ha organizado a través del #GKS (Gazte Koordinadora Sozialista).
Lo vimos en Pamplona donde agredieron salvajemente a @jismael00 periodista de @elespanolcom. En Bilbao… pic.twitter.com/Ab6ExyRTjn
Bulos y acoso previo de Antena 3: campaña de criminalización
Lejos de ser una publicación aislada, las declaraciones de Jupol y el "reportaje" de Telemadrid forman parte de una estrategia de criminalización más amplia, que ya fue denunciada públicamente por Eukal Herriko Kontseilu Sozialista, la principal organización del Mugimendu Sozialista de Euskal Herria. A principios de noviembre, Antena 3 difundió el falso titular "Disturbios en Pamplona entre radicales de izquierdas y la Policía para exigir el derribo del Monumento a los Caídos", a pesar de que la manifestación de 3.000 personas transcurrió sin enfrentamientos. Los colectivos memorialistas que organizaron la protesta señalaron que "Franco y sus seguidores de derechas también usaron la manipulación para preparar el golpe del 36, criminalizando la lucha de nuestros abuelos y abuelas".
La metodología para construir todo este relato incluyó tácticas de acoso previo. El mismo jueves anterior a la manifestación, empleados de Antena 3 acosaron a varios jóvenes en Iruñerria, presentándose en el Centro Socialista de la ciudad y en el bar del Mugimendu Sozialista para grabar las caras de los allí presentes sin su permiso y hacer preguntas sobre sus posturas políticas, aunque se negaran a hacer declaraciones y les pidieran abandonar el lugar.
Siguiendo los pasos de Covite y El Mundo
A principios de noviembre, el influyente lobby Covite también señaló a GKS tras las protestas y los altercados en Iruñea, tachándolo con la misma terminología de Kale Borroka y pidiendo sanciones. Su portavoz Consuelo Ordóñez exigió multas y un régimen sancionador específico ante lo que considera "un gravísimo problema de radicalización violenta".
En septiembre, el diario El Mundo publicaba un artículo que apuntaba en la misma dirección, señalando al movimiento propalestino en su conjunto, a organizaciones del Movimiento Socialista y a GKS en particular como "responsables" de las masivas protestas contra la presencia israelí en La Vuelta, vertiendo bulos, difamaciones y acusaciones, como intentos de vincular las movilizaciones populares con "ETA", el "yihadismo", "la kale borroka" y "autobuses desde el País Vasco".
Patrón histórico de criminalización contra los movimientos sociales
El MS ha solido denunciar que este tipo de estrategias comunicativas siguen un patrón histórico de criminalización de los movimientos juveniles revolucionarios, tanto en Euskal Herria como en otros lugares, una tendencia que se renueva ante las protestas masivas por el antifascismo, la solidaridad con Palestina y la lucha por la vivienda, causas que han demostrado la capacidad de movilizar a miles de personas, especialmente jóvenes, trascendiendo al MS y causando incomodidad visible en los grandes medios de comunicación y los lobbys policiales.
En declaraciones anteriores, la organización comunista ha señalado que al etiquetar la disidencia política organizada con términos como "terrorismo callejero" y "ultras", entidades públicas y sectores ultraderechistas buscan sentar las bases culturales para deslegitimar la protesta social, presentarla como "violenta" y justificar un aumento de la represión policial y la eliminación de derechos políticos. Además, subrayan que los sectores reaccionarios emplean plataformas subvencionadas con dinero público, como ha sucedido en este caso con Telemadrid, e influyentes actores con intereses corporativos, como Jupol, para establecer su relato securitario y autoritario. El objetivo, señalan, es generar una equivalencia pública entre la militancia política comunista y "la violencia", vaciando de contenido las reivindicaciones políticas de la juventud comunista organizada e imposibilitando el debate racional sobre las causas reales de los antagonismos sociales.
