PP, Junts y Vox rechazan el “escudo social” y el tope de precios en emergencias
El Gobierno solo consigue sacar adelante la revalorización de las pensiones y las ayudas a las víctimas de Adamuz.
El Pleno del Congreso convalidó este jueves únicamente dos de los cuatro decretos ley sometidos a votación. Han salido adelante la revalorización de las pensiones, que subirá un 2,7% para las contributivas y un 11,35% para las no contributivas, con el voto favorable de todos los grupos excepto Vox, y el decreto de ayudas para los damnificados por el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, que ha recibido el respaldo unánime de la Cámara. En cambio, han decaído el llamado "escudo social" y la norma impulsada por el Ministerio de Consumo para "limitar los precios de bienes y servicios en contextos de emergencia", después de que PP, Vox y Junts sumaran sus votos en contra.
El "escudo social", que ya había sido rechazado hace un mes cuando Moncloa lo presentó junto a la revalorización de las pensiones, incluía medidas como la prórroga del bono social eléctrico hasta finales de 2026, la "suspensión" de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional y la "prohibición del despido en empresas beneficiarias de ayudas públicas". Junts condicionó su apoyo a que el Ejecutivo retirara la moratoria antidesahucios, argumentando que "beneficia a la okupación". El ministro de Justicia, Félix Bolaños, respondió en el Pleno pidiendo "que no mientan a la ciudadanía", reconociendo abiertamente que el texto excluye por principio a quienes se ven forzados a ocupar viviendas vacías. Al amparar solo a quienes acreditan contrato previo, deja fuera a los sectores más vulnerables, para los que las instituciones solo ofrecen una expulsión asegurada y criminalización creciente.
Otra medida, promovida por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también se hunde por el rechazo de PP, Vox y Junts. El decreto prohibía incrementar el precio final de venta de los bienes y servicios en situaciones de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras, una iniciativa que surgió tras constatar subidas especulativas después del accidente de Adamuz y los incendios de Castilla y León. Junts justificó su voto en contra argumentando que la norma "otorga una autoridad ingente al Consejo de Ministros" para intervenir el mercado. Bustinduy ha lamentado tras la votación que la derecha y Junts hayan "blindado prácticas abusivas que se lucran de las necesidades básicas de la gente", y ha defendido que se trataba de una norma "acotada" y "técnicamente impecable".
El único decreto que ha concitado unanimidad ha sido el que fija las indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, con ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la gravedad de los daños. La jornada parlamentaria ha vuelto a evidenciar la fragilidad de los apoyos del Gobierno y la ausencia de contactos fluidos con Junts, en un momento en que el Ejecutivo deja entrever una posible presentación de los Presupuestos Generales.
Pero más allá de las mayorías coyunturales, la caída de estas medidas revela el carácter limitado de un escudo social que, incluso de haber sobrevivido, dejaba fuera por diseño a quienes más desprotegidos están: aquellos para quienes la única salida a la crisis de vivienda es entrar en una vivienda vacía. Y no solo eso: ha quedado demostrado que el llamado "escudo social" ni siquiera se ha aplicado en tres de cada cuatro casos que contemplaba. Una vez eliminado, suma miles de casos de desahucios más a los que ya había. La política de gestos, que ya ni siquiera se sostiene en una correlación de fuerzas parlamentaria favorable, termina cediendo una vez más ante los intereses del negocio de la vivienda y la especulación.
