'Informe Bukele': denuncian asesinatos, tortura y desapariciones en El Salvador

Un grupo internacional de expertos independientes ha concluido que existen "motivos razonables" para considerar que el Gobierno de Nayib Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo asesinato, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, según un informe de 275 páginas que será presentado ante la ONU en Ginebra (Suiza).

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), integrado por Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Canton, cuenta con el respaldo de organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). El informe señala que el régimen de excepción de Bukele, que llegó a autodefinirse como "dictador de El Salvador" en su biografía de la red social X, ha dejado de ser una medida temporal para convertirse en "un mecanismo permanente de gobernanza" que ha causado violaciones "masivas y sistemáticas" de derechos humanos.

El documento del GIPES, basado en más de 1.700 fuentes primarias y secundarias, documenta prácticas sistemáticas de tortura y tratos crueles contra detenidos, incluyendo palizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada y privación de alimentos y atención médica. Entre las violaciones más graves figuran 3.319 menores detenidos hasta 2024, de los cuales al menos 22 sufrieron abusos según Human Rights Watch, y entre 540 y miles de casos de desapariciones forzadas cuyas víctimas habrían sido enterradas en fosas comunes sin conocimiento de sus familias. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han documentado cerca de 500 muertes bajo custodia estatal, calificadas por las autoridades como "naturales" sin investigación. El propio Bukele reconoció que al menos 8.000 personas fueron detenidas sin causa justificada.

Paralelamente, el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) daba a conocer este miércoles que sitúa a El Salvador entre los tres países con peores resultados en libertad de prensa y expresión de América. Según el documento, "para silenciar voces críticas, las autoridades estatales han empleado estrategias como la persecución judicial, la asfixia financiera y la agresión directa a periodistas". El informe detalla que solo entre mayo y julio de 2025 se contabilizaron 180 agresiones contra profesionales de la información, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, y estima que al menos 47 periodistas han huido del país durante la administración de Bukele. El Salvador obtiene una puntuación general de 24,49 puntos sobre 100, lo que lo mantiene en la franja de "Alta Restricción", descendiendo dos posiciones respecto a 2024 y situándose por primera vez por debajo de Cuba, que se encuentra bajo el escrutinio internacional constante.

La convergencia de ambos informes dibuja el panorama de un Estado que, bajo el pretexto de la "seguridad", ha desmantelado tanto las garantías fundamentales de la población como los mecanismos de control y denuncia. El Índice de la SIP subraya que el entorno más involucrado en situaciones desfavorables para la libertad de expresión es el Ejecutivo, con una "influencia promedio fuerte". Mientras el informe de crímenes de lesa humanidad abre la puerta a la justicia penal internacional, el diagnóstico sobre la prensa evidencia que la represión no solo tiene un costo en vidas y libertades, sino también en la capacidad de la sociedad para documentar y denunciar los abusos de las autoridades. Los expertos recomiendan al Gobierno y a la ONU crear una comisión independiente para revisar casos.