El Gobierno español elimina la vía rápida de regularización para miles de ciudadanos venezolanos
El Ministerio de Inclusión liquida el trato preferencial tras ocho años de excepcionalidad justo cuando los intereses de EEUU se han impuesto en Venezuela, mientras Sánchez presume de "plantar cara a Trump".
El Gobierno español anunció que el próximo 30 de junio pondrá fin al procedimiento de regularización por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos. Este mecanismo, vigente desde 2018, otorgaba autorizaciones de residencia y trabajo de forma casi automática a las personas procedentes de este país que veían denegada su solicitud de asilo. Según datos oficiales, este tratamiento diferenciado ha permitido la regularización de más de 240.000 personas en los últimos ocho años, una medida excepcional que el Ejecutivo decide desmantelar para integrar a este colectivo en el régimen general de extranjería.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó el cambio y aseguró, con la maestría que caracteriza al Gobierno español en el uso de los eufemismos, que la medida "no supondrá un endurecimiento", sino "una transición hacia otros mecanismos". Sin embargo, la decisión implica que los ciudadanos venezolanos pierden el acceso a un permiso que se concedía por un año y era prorrogable por otros doce meses de forma simplificada.
"Casualmente", todo este giro en la política migratoria del Gobierno español hacia las personas migrantes venezolanas coincide en el tiempo con un escenario internacional donde los intereses estratégicos de EEUU se han impuesto en Venezuela tras la agresión militar contra el país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Desde entonces, Washington ha tomado el control de varios sectores estratégicos de Venezuela, especialmente el petrolero, alterando las necesidades de presión diplomática que sostuvieron esta vía excepcional durante casi una década. Mientras tanto, el Gobierno español, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, presume internacionalmente de "plantar cara a Donald Trump".
Como alternativa inmediata al cierre de esta vía rápida, el Gobierno remite a los afectados a la regularización extraordinaria que prevé aprobar este mes de abril. Este proceso, que según el Ejecutivo podría beneficiar a más de 500.000 personas en situación administrativa irregular, exige acreditar al menos cinco meses de residencia en el Estado español y haber entrado al país antes del 31 de diciembre de 2025. La ministra Saiz subrayó que esta medida tendrá "carácter temporal" y que, una vez finalizada, "los extranjeros deberán recurrir exclusivamente a las vías ordinarias previstas en la normativa vigente".
El fin de esta salvedad migratoria obliga ahora a la población venezolana a damostrar a los mecanismos de arraigo social, laboral, familiar o por formación para evitar la irregularidad administrativa. Elma Saiz defendió que el sistema se apoyará en las vías propias del Reglamento de la Ley de Extranjería que, según sus palabras, "tan buenos resultados está dando". No obstante, la eliminación de este procedimiento específico supone un cambio relevante en la gestión estatal de este flujo migratorio, que hasta ahora contaba con un tratamiento diferenciado derivado de la situación política y económica del país latinoamericano.
A partir del 1 de julio, los ciudadanos venezolanos que no hayan obtenido sus papeles a través del proceso extraordinario de abril quedarán bajo la disciplina de los mecanismos ordinarios de regularización. El Ejecutivo elimina así una herramienta que servía como válvula de escape ante las deficiencias del sistema de asilo para una parte de la población migrante. Este nuevo enfoque administrativo pone fin a un periodo de excepcionalidad que vinculó la política de fronteras con los intereses geopolíticos del bloque occidental en Venezuela.
