Empresas hoteleras desahucian a familias obreras que viven en caravanas en Eivissa
La Justicia ordena la expulsión de trabajadores de la construcción y los servicios que no pueden pagar alquileres de 3.000 euros en la isla.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Eivissa ha decretado el desalojo masivo de una parcela de dos hectáreas en el barrio de Can Misses en Eivissa (Illes Balears) donde decenas de familias trabajadoras se han visto obligadas a malvivir en caravanas y furgonetas. Según informa elDiario.es, el desahucio está previsto para el próximo 29 de abril. Los propietarios del terreno, entre los que destaca la empresa hotelera Inmo Sirenis —dueña también del Teatro Pereyra—, pidieron expular a los residentes tras un año de proceso judicial. El caso supone el quinto desalojo multitudinario de asentamientos habitacionales en la isla en menos de dos años, consolidando una dinámica de expulsión y represión contra de clase trabajadora de los núcleos urbanos.
La propiedad privada de la tierra se impone así sobre el derecho a la vivienda de quienes sostienen la economía insular. El abogado de la hotelera Inmo Sirenis, Mariano Ramón, justifica la medida alegando que "el riesgo de incendio al okupar un terreno con masa boscosa en el que se hacen conexiones, se cocina y se fuma es inevitable". Sin embargo, los residentes denuncian que su situación no es una elección vacacional, sino la única alternativa ante un mercado inmobiliario que califican de prohibitivo. "Somos trabajadores, pero no hay viviendas por menos de 3.000 euros", señalan las familias afectadas, que incluyen a trabajadores de la construcción, jardinería y mantenimiento.
Entre las personas que perderán su lugar de residencia se encuentran Elena, una niña de tres años, y sus padres, de origen colombiano. El padre de la menor, que posee pasaporte italiano y trabaja en la isla, explica a elDiario.es la imposibilidad de acceder a un techo: "Con niños, no te alquilan. Y con perros tampoco". Relata que, tras la pandemia, los precios subieron de tal forma que se vieron empujados a invertir sus ahorros en una caravana para no quedarse en la calle. "Acá somos todos trabajadores. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan".
Por su parte, el Ayuntamiento de Eivissa limita su responsabilidad a la gestión asistencial del conflicto sin ofrecer soluciones habitacionales reales. El consistorio afirma que "intervendrá a través de servicios sociales" para ofrecer "acompañamiento" y tramitar las prestaciones que "puedan corresponder", mientras en los últimos años ha instalado barreras físicas en aparcamientos y descampados para impedir que los trabajadores estacionen sus vehículos-vivienda. Esta política de hostigamiento institucional se suma a la falta de espacios autorizados; Jonathan, otro de los afectados, denuncia ante elDiario.es que no les dejan alternativas: "Fui a chequear un lugar en San Antonio y me encontré un camping de lujo, sin espacio para caravanas".
El desahucio de Can Misses evidencia la fractura entre los salarios y el coste de la vida en un territorio donde la vivienda se ha convertido en un activo de especulación de lujo para grandes capitales. Los residentes, que habitan en caravanas antiguas, se enfrentan ahora a la pérdida de su último refugio. "Al final, tendremos que irnos de Ibiza", sentencia el padre de Elena, constatando cómo la voracidad inmobiliaria de las empresas hoteleras y la complicidad de las instituciones terminan por expulsar a la fuerza de trabajo migrante y local que ya no puede costearse su propia vida en la isla. La pregunta ahora es quién sostendrá los trabajos necesarios para mantener la actividad turística del lugar, y dónde dormirá.
