Récord de afiliados con salarios de miseria y pobreza estructural
Pedro Sánchez presume de haber alcanzado los 22 millones de cotizantes mientras el 56% de los nuevos contratos indefinidos son parciales o discontinuos y se cronifica la cifra de 2,5 millones de pobres con empleo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes habitual que la Seguridad Social alcanzó en marzo los 22.010.532 afiliados en términos desestacionalizados, una cifra que el Ejecutivo ha calificado de "histórica" en una campaña publicada con su triunfalismo habitual en redes sociales. Según los datos oficiales adelantados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ocupación creció en 211.510 personas en la serie sin ajustes (lo que el Gobierno presenta como "el mejor marzo de la serie histórica"), un incremento impulsado principalmente por el sector de la hostelería y servicios durante la campaña de Semana Santa.
En la serie desestacionalizada, se sumaron 80.274 afiliados respecto al mes anterior y 523.579 en el último año. Sin embargo, tras la propaganda gubernamental, los datos de calidad del empleo revelan una realidad lastrada por la inestabilidad. Pese al énfasis gubernamental en la creación neta de empleo indefinido tras reforma laboral de 2021, que redujo la tasa de temporalidad del empleo privado del 24,5% en 2021 a alrededor del 12% en 2025-2026, las cifras muestran lo que algunos expertos llaman "la trampa estadística": menos de la mitad de estos contratos son a jornada completa. Según análisis recurrentes de datos de la Seguridad Social, como los difundidos por el periodista económico Juanjo Basterra y algunos sindicatos críticos, una parte mayoritaria de los nuevos contratos indefinidos corresponde a tiempo parcial o fijos discontinuos.
De hecho, en periodos recientes, solo alrededor del 16% de los contratos iniciales firmados han sido indefinidos a tiempo completo, mientras que los fijos discontinuos y parciales representan un peso muy superior, hasta superar el 24-60% según desgloses mensuales o anuales. Estas figuras permiten a las empresas ajustar la plantilla a necesidades estacionales o de producción sin garantizar ingresos estables ni suficientes para la subsistencia, manteniendo a una gran parte de la clase trabajadora en situación de subempleo o lo que se denomina como "baja intensidad laboral", un componente clave de la tasa AROPE que se ha mantenido estable en torno al 8%.
Esta estructura de empleo precario se traduce en un aumento o cronificación de los salarios de miseria. Según datos de Eurostat referidos a 2024 (los últimos comparables detallados), el 11,2-11,6% de los trabajadores del Estado español se encontraba en riesgo de pobreza (ingresos inferiores al 60% de la mediana), situando al Estado español como el tercer peor país de la UE tras Luxemburgo y Bulgaria (media UE: 8,2%). Informes como el de EAPN España o el Foessa también destacan que cerca de 2,5 millones de personas viven en pobreza pese a tener empleo, y que la "baja intensidad en el empleo". El encarecimiento de la vivienda, la inflación acumulada y los sueldos bajos han neutralizado en gran medida las "subidas" nominales del SMI, resultando en un escenario donde tener un empleo no garantiza cubrir necesidades básicas.
Al mismo tiempo, se registra un récord de ganancias para la burguesía. Los márgenes empresariales batieron récords en 2025, mientras la productividad crecía el doble que los salarios, el margen bruto sobre ventas se situó en torno al 13% y capacidad de generar valor en el 24,4%, todo ello mientras los beneficios de sectores como la banca o grandes corporaciones alcanzaron máximos históricos.
Por si todo esto fuera poco, la posición de la clase trabajadora en el Estado español sigue en desventaja respecto al resto de la Unión Europea. Según datos de 2025 de Eurostat, el coste laboral por hora en el Estado español se situó en 26,4 euros, muy por debajo de la media de la UE (34,9 euros) y de la eurozona (38,2 euros). Países como Alemania, Austria, el Estado francés, Países Bajos o Luxemburgo registran cifras entre 30 y 56,8 euros por hora. Este diferencial explica en parte por qué los beneficios empresariales crecen y crecen basándose en salarios bajos prácticamente congelados en relación con la inflación y una alta rentabilidad del capital a costa de la precariedad y la pobreza de los trabajadores.
Aunque Moncloa destaca que la afiliación femenina ha marcado un máximo con cerca de 10,4 millones de mujeres en marzo de 2026 y que el empleo en sectores científico-técnicos aumenta, estas métricas omiten la realidad de los sectores mayoritarios (hostelería, comercio, cuidados), donde la precariedad es más acusada. Desde la reforma laboral de 2021, se ha reducido la tasa de temporalidad en más de 13 puntos, pero esto ha sido en gran medida porque temporalidad antigua figura ahora como "fijo discontinuo", que computa como indefinido pero implica intermitencia laboral e ingresos irregulares.
Mientras el Gobierno asegura que "España es un equipo que está haciendo historia", los datos confirman una transferencia de rentas del trabajo al capital y la consolidación de un "ejército de trabajadores pobres" en el que la ocupación récord coexiste con altos niveles de inseguridad económica para la clase trabajadora.
