Sánchez ha cambiado ya un tercio de los presupuestos sin aprobación parlamentaria

El Gobierno de España ejecutó durante el ejercicio de 2025 una transformación profunda de las cuentas públicas sin someterla a la aprobación del Congreso de los Diputados. Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó la prórroga de los presupuestos de 2023 bajo la premisa de que "son buenos para la economía", los datos recién publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) consultados por El Confidencial revelan que el Ejecutivo aprobó modificaciones estimadas en 117.900 millones de euros. Esta cifra supone que el 31% del presupuesto inicial se alteró mediante ampliaciones de crédito y reasignaciones de partidas, consolidando una gestión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha tildado de "opaca" por realizarse a espaldas de la supuesta "sede de la soberanía popular".

La discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los fondos públicos ha permitido un trasvase de recursos ingentes hacia sectores estratégicos del Estado y del capital privado en detrimento de los servicios públicos. Mientras el Ministerio de Defensa y el de Industria recibieron 6.300 y 3.500 millones de euros adicionales para canalizar la nueva inversión militar y el "Plan de Defensa", otros ministerios sufrieron recortes respecto a la prórroga presupuestaria. El Ministerio de Educación perdió casi 1.000 millones de euros; el de Ciencia, 360 millones; y el de Transición Ecológica, 310 millones de euros. Todos estos movimientos de ingeniería presupuestaria muestran una prioridad centrada en el complejo militar-industrial y en el sostenimiento de las estructuras armadas para cumplir con los objetivos de la OTAN, eludiendo la fiscalización parlamentaria para estas partidas.

El control gubernamental de la prórroga también sirvió para inyectar más liquidez al sector privado y asegurar la rentabilidad empresarial. El Ejecutivo destinó 14.000 millones de euros a un plan de préstamos y avales para empresas en respuesta a los aranceles de Estados Unidos, además de otros 15.000 millones en diversos créditos al sector privado y 3.300 millones en aportaciones patrimoniales. Esta transferencia de recursos públicos hacia los intereses empresariales se ejecutó en paralelo al pago de la deuda, destinando un tercio de las ampliaciones de crédito a la amortización de pasivos, incluyendo 4.500 millones para devolver parte del rescate financiero bancario.

En cuanto a la protección social, Moncloa tuvo que incorporar 9.000 millones de euros adicionales para cubrir el déficit de la Seguridad Social derivado de la revalorización de las pensiones, a los que se sumaron 16.700 millones para conceder préstamos a otras administraciones. Aunque la subida de las pensiones sí fue convalidada en el Parlamento, la AIReF denuncia que la mayor parte de las políticas se han aplicado sin información transparente. "El presupuesto es ante todo un instrumento de rendición de cuentas y de control esencial en las democracias", recordaba este organismo, señalando que la estrategia de gobernar mediante modificaciones de la prórroga vacía de contenido la función de control del Congreso sobre la política fiscal y la redistribución de la riqueza social.