El capital cinematográfico pide cárcel y 870.000 euros contra el impulsor de la web 'Zoowoman'
La empresa de Enrique Cerezo lidera la persecución judicial contra un proyecto sin ánimo de lucro dedicado a la recuperar cine descatalogado y perdido.
El creador de contenido conocido como el Feo, responsable del proyecto de divulgación La Filmoteca Maldita, se enfrenta este viernes a una petición de dos años y medio de cárcel y una indemnización de 870.000 euros. El proceso judicial, impulsado por el entramado empresarial del productor Enrique Cerezo, pretende castigar la actividad de Zoowoman, una página de naturaleza colectiva que ponía a disposición del público películas desaparecidas, descatalogadas o de muy difícil acceso. La acusación sostiene la petición de esta cuantía económica y la pena privativa de libertad basándose en un "beneficio económico inexistente", según denuncia el propio afectado a través de sus redes sociales.
El conflicto jurídico pone de manifiesto la contradicción entre el derecho de acceso libre a la cultura y los mecanismos de propiedad intelectual utilizados por los grandes monopolios del entretenimiento para blindar sus beneficios. Zoowoman operaba como un repositorio frente a la obsolescencia comercial, rescatando material que las propias distribuidoras mantienen fuera de circulación por no considerarlo rentable. A pesar del carácter altruista de la iniciativa, que funcionaba "sin ánimo de lucro", la acusación particular busca una transferencia de valor de casi un millón de euros, lo que supone un ejercicio de disciplinamiento contra cualquier forma de distribución de contenidos que escape al control del mercado y a la explotación rentista de los derechos de autor.
A través de sus redes sociales, La Filmoteca Maldita ha alertado de que el juicio se celebra este 9 de abril tras un largo periodo de instrucción en el que se le imputa un "delito contra la propiedad intelectual". El encausado ha solicitado el apoyo ante la persecución judicial por parte de las estructuras empresariales de Cerezo. Subraya que la plataforma no generaba ingresos y que su función era estrictamente la de preservación de un patrimonio fílmico que, de otro modo, quedaría condenado a la desaparición por el abandono institucional y la lógica de la exclusividad privada.
Este proceso se responde a una tendencia hacia el endurecimiento del aparato punitivo del Estado español para proteger los intereses de los intereses de los grandes capitalistas, en este caso de la industria cultural, equiparando la difusión colectiva de archivos a la criminalidad económica. Mientras el aparato de educación y propaganda oficial presenta estas medidas como la "protección de los creadores", varios sindicatos de clase y colectivos de trabajadores de la cultura señalan que son los grandes monopolios y oligopolios de la industria cultural quienes realmente se benefician del bloqueo de los recursos culturales. La petición de cárcel para un divulgador que gestionaba un repositorio de naturaleza colectiva supone, en la práctica, un mecanismo de vigilancia y control social destinado a disuadir cualquier alternativa a las grandes plataformas de pago.
El desenlace de este juicio sentará un precedente importante sobre los límites que el capital impone a la libre circulación de la información, el entretenimiento, la creación artística y la preservación del archivo cinematográfico.
