Las empresas multiplican por 13 los despidos de “fijos en periodo de prueba” para evitar indemnizaciones
El uso de esta cláusula por parte de la patronal se dispara un 1.218% desde la reforma laboral y convierte el contrato “indefinido” en una figura de despido libre y gratuito.
En los dos primeros meses de 2026, las empresas que operan en el Estado español han extinguido un total de 141.157 contratos bajo el pretexto de “no superar el periodo de prueba”, según reflejan los registros de la Seguridad Social recabados por El Economista. Esta cifra supone un incremento del 171% respecto al mismo periodo de 2021. Sin embargo, la mayor precariedad se concentra en la contratación “fija”: los ceses de trabajadores y trabajadoras con contrato “indefinido” se han disparado un 1.218%, pasando de los 7.902 registrados hace cinco años a los 103.779 actuales. Se trata del peor arranque de año para la clase trabajadora desde que existen registros históricos.
La actual legislación permite a las empresas el "desistimiento del empresario" durante los primeros meses de relación laboral sin necesidad de alegar causas ni abonar indemnizaciones. A diferencia de un despido ordinario, esta figura no obliga al empleador a detallar los motivos del cese, lo que deja a los asalariados en una situación de total indefensión jurídica. Esta vía se ha convertido así en un mecanismo de despido gratuito de facto, ya que las posibilidades de recurso quedan limitadas a casos muy específicos de vulneración de derechos fundamentales.
Aunque la reforma laboral de 2021 aumentó formalmente el volumen de contratos indefinidos, los datos muestran que el capital utiliza el periodo de prueba para sortear las restricciones a la contratación temporal. Antes de la reforma, el grueso de estas bajas se concentraba en contratos eventuales para ahorrar el pago de 12 días por año trabajado. Actualmente, la volatilidad estacional de estos ceses —que se incrementan notablemente en periodos como el verano— refuerza la tesis de que las empresas utilizan el contrato fijo como una herramienta "de usar y tirar" para cubrir necesidades temporales sin asumir costes de salida.
Pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la intervención de la Inspección de Trabajo para "frenar estas prácticas", las cifras demuestran la ineficacia de las medidas de "control estatal" frente a los intereses de la patronal. En el ejercicio 2025, los ceses por esta vía ya superaron la barrera del millón de personas afectadas, y la tendencia actual apunta a que se volverá a rebasar ese umbral este año. El sistema permite así una transferencia de riesgo desde el empresario hacia el trabajador, quien asume la inestabilidad del contrato “indefinido”, que ya no significa que el asalariado vaya a trabajar indefinidamente, sino que su puesto de trabajo puede desaparecer en cualquier momento sin compensación alguna, y tendrá que trabajar bajo esa indefinición.
