Un juzgado investiga a mandos de la Guardia Civil y jueces militares por acoso a un médico en La Palma
La querella denuncia detenciones ilegales, vejaciones y una persecución judicial irregular tras el archivo de una causa por bajas laborales de agentes.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santa Cruz de La Palma ha admitido a trámite una querella contra varios mandos de la Guardia Civil y miembros del Cuerpo Jurídico Militar por presuntos delitos de prevaricación, coacciones, acoso y allanamiento de morada. La acción penal, según revela Atlántico Hoy, parte de un facultativo que denuncia haber sido objeto de una persecución sistemática por parte del aparato de Estado y la jurisdicción militar, tras ser acusado falsamente de emitir partes médicos irregulares a agentes del cuerpo.
El caso se originó en marzo de 2024, cuando el médico fue detenido bajo la acusación de "falsedad documental". A pesar de que la jurisdicción ordinaria archivó la causa al no hallar indicios de delito, el brazo judicial militar reabrió el procedimiento por los mismos hechos, una maniobra que el querellante califica de prevaricadora y destinada a criminalizar su labor clínica para facilitar sanciones disciplinarias contra los guardias civiles. Finalmente, el Juzgado Togado Militar Territorial nº 51 se vio obligado a dictar el sobreseimiento definitivo en enero de 2026 ante la ausencia total de pruebas.
El relato de los hechos describe una actuación policial que el médico compara con el trato dispensado a "un terrorista". Según relata la denuncia, fue arrestado en su centro de trabajo, esposado en la vía pública y trasladado a dependencias policiales sin permitírsele acceder a medicación cardíaca urgente. El facultativo detalla haber sufrido insultos, amenazas y un trato denigrante por parte de un teniente, un sargento y otros agentes de la Policía Judicial, quienes habrían actuado bajo la aprobación de un capitán de la Guardia Civil.
La querella también documenta episodios de allanamiento y acoso continuado. El médico sostiene que agentes uniformados y armados irrumpieron en su consulta privada en varias ocasiones sin orden judicial para notificarle citaciones de la jurisdicción militar, negándose a abandonar el local pese a sus requerimientos. Estas acciones, que el querellante relaciona con un presunto hostigamiento sistematizado, derivaron incluso en expedientes administrativos contra el propio médico por llamar "delincuentes" a los agentes que invadían su espacio de trabajo.
La admisión a trámite de la querella abre ahora una investigación judicial sobre la responsabilidad de los togados militares y los mandos policiales en la prolongación injustificada de este proceso. El juzgado ha ordenado las primeras diligencias para esclarecer si existió un uso desviado de las instituciones públicas para dañar la reputación profesional del facultativo y ejercer un control represivo sobre las bajas médicas de los agentes de la Guardia Civil, vulnerando los derechos fundamentales del médico y la autonomía de los criterios clínicos.
