Uno de cada tres pisos vendidos en la última década en Canarias acabó en manos foráneas
Registra el doble de extranjeros que la media estatal y dispara los precios un 30% por encima de lo que pagan los canarios; la mitad de estos compradores acomodados europeos ni siquiera es residente.
El mercado de la vivienda en Canarias se ha consolidado como un activo financiero para capitales internacionales, alejándose cada vez más de su función social para la población local. Según datos publicados por el Consejo General del Notariado y recogidos por Diario de Avisos, los compradores extranjeros han adquirido 90.000 viviendas en el Archipiélago en la última década, lo que representa un demoledor 35,3% del total de las operaciones. Esta cifra sitúa a las Islas a la cabeza de la presión inmobiliaria exterior en el Estado español, muy por encima de la media estatal (14,5%) e incluso de otros territorios tensionados como Balears (28,3%).
La tipología del comprador extranjero revela la magnitud del proceso de expulsión de la población local de las Islas. Durante el último semestre de 2025, el 50% de los compradores extranjeros ni siquiera residía en Canarias, lo que confirma que una parte sustancial de la vivienda se adquiere como segunda residencia o inversión especulativa. Por nacionalidades, los alemanes encabezan la compra entre los no residentes (20,6%), seguidos por los italianos, quienes a su vez dominan el mercado de los extranjeros residentes, acaparando una de cada cuatro compras en ese segmento.
Esta presión externa actúa como un motor inflacionista que expulsa a la población canaria trabajadora del mercado. El precio medio por metro cuadrado pagado por los extranjeros en 2025 se situó en 2.846 euros, un 30,7% más caro que la media regional. Esta brecha de precios arrastra al alza el coste general de la vivienda, dificultando el acceso a los residentes locales cuyos salarios no pueden competir con el poder adquisitivo de los inversores europeos. La consecuencia directa es el desplome de la emancipación juvenil: mientras los capitales alemanes e italianos se reparten el suelo, 20.000 jóvenes canarios se han visto obligados a regresar a casa de sus padres por la imposibilidad de afrontar los precios desorbitados de los alquileres.
Ante esta situación de emergencia habitacional, el Gobierno de Canarias liderado por Fernando Clavijo ha planteado ante Madrid y Bruselas una serie de supuestas medidas para "intentar limitar la compra de viviendas a no residentes". Sin embargo, no solo llega tarde, sino que choca con la normativa comunitaria de "libre circulación de capitales", lo que mantiene la propuesta en un limbo administrativo mientras el mercado sigue drenando el parque de viviendas hacia manos foráneas acomodadas.
La realidad material de las Islas muestra una contradicción evidente: Canarias es uno de los territorios más atractivos para el capital inmobiliario global, pero a la vez lidera las tasas de pobreza y exclusión social del Estado español. Mientras el 10% de todas las viviendas vendidas a extranjeros en el Estado español se concentra en el Archipiélago, el derecho constitucional a una vivienda digna para los canarios se convierte en papel mojado frente a un mercado donde se impone el poder económico del inversor inmobiliario.
