El Gobierno endurece el control fronterizo con biometría obligatoria y el cobro de una nueva tasa digital
El Ministerio del Interior activará los sistemas EES y ETIAS para monitorizar en tiempo real a los viajeros y exigiendo acreditar una solvencia de 118 euros diarios para permitir la entrada.
El Gobierno español ha cerrado un plan para implementar el sistema Entry/Exit System (EES), una medida que elimina el sellado manual de pasaportes y establece el control biométrico obligatorio en todas las fronteras. Este nuevo marco digital, que pasa con menor atención mediática y menos publicidad institucional que el anuncio de regularización, registra las huellas dactilares y la fotografía facial de los viajeros, permitiendo a las autoridades monitorizar en tiempo real los periodos de estancia. El sistema está diseñado para detectar automáticamente a quienes excedan los 90 días permitidos, aplicando un régimen sancionador que contempla la expulsión inmediata y multas que alcanzan los 10.000 euros.
Bajo el nuevo protocolo que entrará en vigor en el último trimestre de 2026, los ciudadanos de terceros países exentos de visado —como Estados Unidos, México o Argentina— deben obtener obligatoriamente la autorización ETIAS antes de viajar. Este permiso digital tendrá un coste de 20 euros y una validez de tres años. La responsabilidad del control se traslada en primera instancia a las compañías privadas, ya que el Gobierno impondrá sanciones de hasta 100.000 euros a las aerolíneas que permitan el embarque de pasajeros sin este documento actualizado.
Además de la nueva tasa digital, el Ejecutivo endurecerá los requisitos de entrada con la exigencia de una solvencia económica contundente. Los agentes de aduanas requieren ahora la acreditación de un mínimo de 118,40 € por persona y día. Según las nuevas directrices, ya no se aceptarán declaraciones verbales; los viajeros deberán mostrar extractos bancarios recientes o permitir la comprobación de sus cuentas in situ a través de aplicaciones de banca móvil para demostrar que disponen de recursos suficientes para permanecer en el país para la estancia declarada, marcando un claro filtro de clase.
Invocando razones de "seguridad nacional", el Gobierno también ha consolidado controles "aleatorios" en las fronteras terrestres con el Estado francés y Portugal, lo que supone una suspensión de facto de la libre circulación del Tratado de Schengen. Incluso para los ciudadanos de la Unión Europea, el sistema de puertas automáticas (ABC Gates) bloquea el paso si el DNI o pasaporte no tiene el chip en vigor. No portar el documento original o llevarlo caducado puede derivar en el traslado a comisaría para identificación y multas de hasta 600 euros.
Las instituciones afirman que este despliegue tecnológico busca erradicar lo que denominan como "turismo de estancia irregular". La digitalización extrema de la frontera y el control social reforzado no solo automatiza la vigilancia sobre las personas migrantes, sino que refuerza el filtrado económico de quienes acceden al territorio estatal. Al eliminar el margen de error de los antiguos sellos de tinta por el registro facial y dactilar, el Estado español consolida un aparato de control fronterizo aún más rígido y dependiente si cabe de la capacidad adquisitiva de los visitantes.
