Bukele impone la cadena perpetua para menores de 12 años en El Salvador
La reforma constitucional, que entra en vigor el 26 de abril, permite el encarcelamiento de por vida para adolescentes y convierte los juzgados de menores en tribunales criminales ordinarios.
El Salvador ha formalizado una modificación estructural de su marco jurídico que permite, a partir del 26 de abril, condenar a prisión perpetua a menores desde los 12 años de edad. Según la publicación en el Diario Oficial, la Asamblea Legislativa —controlada por el partido de Nayib Bukele— ha reformado la Constitución y la Ley Penal Juvenil para aplicar la reclusión de por vida en casos de homicidio, feminicidio y violación. Esta medida desmantela el sistema de justicia restaurativa vigente hasta ahora, transformando los juzgados de menores en tribunales penales dedicados a procesar a adolescentes bajo las mismas lógicas punitivas que a la población adulta.
La reforma no se limita al ámbito penal juvenil, sino que arrastra consigo modificaciones al Código Penal, la "Ley Especial Contra Actos de Terrorismo" y la Ley Orgánica Judicial. Estos cambios profundizan el aparato represivo de un Estado que se mantiene bajo régimen de excepción desde 2022 y que ya ha acumulado más de 90.000 detenciones. Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF han manifestado su "profunda preocupación", recordando que las normas internacionales exigen que la privación de libertad en menores sea el "último recurso" y esté orientada a la "rehabilitación", algo que el nuevo articulado constitucional ignora explícitamente.
Desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha "instado" a las autoridades salvadoreñas a "revisar con prontitud" estos cambios por contradecir tratados internacionales que cada vez menos países parecen tomar en serio. El régimen de Bukele ha desestimado sistemáticamente estos llamamientos, acusando a los organismos de "defender los derechos de los delincuentes". Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que entre las decenas de miles de detenidos bajo el régimen de excepción ya se encuentran numerosos menores de edad, quienes ahora enfrentan la posibilidad de morir en prisión sin haber alcanzado la mayoría de edad.
Pese a las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos, el Ejecutivo salvadoreño justifica el endurecimiento de las penas por la "reducción de las tasas de homicidio". Esta política de encarcelamiento masivo ha sido el pilar de la propaganda oficial de Bukele, quien ha utilizado el control total de la Asamblea para suprimir garantías constitucionales y concentrar poderes extraordinarios. Mientras las instituciones internacionales advierten de la deriva autoritaria, el aparato estatal salvadoreño continúa ampliando su capacidad punitiva, dirigiendo ahora el castigo perpetuo hacia la infancia más vulnerable del país.
