Más de un millón de firmas europeas exigen el fin del trato preferencial con Israel

Más de un millón de ciudadanos de la Unión Europea han suscrito formalmente una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que exige a la Comisión Europea la "suspensión completa" del Acuerdo de Asociación con Israel. La petición, impulsada por la Alianza Europea de Izquierdas por los Pueblos y el Planeta (ELA) y apoyada por organizaciones como Podemos, EH Bildu y La Francia Insumisa, fundamenta su demanda en las sistemáticas violaciones de derechos humanos y el incumplimiento del artículo 2 del tratado comercial, que supedita las relaciones bilaterales al "respeto de los principios democráticos". Según datos de la propia Comisión, el Ejecutivo europeo debe ahora responder a esta solicitud tras haberse alcanzado el umbral mínimo en tiempo récord —apenas tres meses—, lo que muestra una inquietud social evidente con la inacción de las instituciones de la Unión.

La presión ciudadana contra el mantenimiento de los privilegios económicos de Israel, que tiene en la UE a su principal socio comercial con un intercambio de 42.600 millones de euros en 2024, coincide con un nuevo frente diplomático. Más de 350 antiguos altos responsables europeos, incluyendo exministros suecos y daneses, han remitido una carta abierta instando a Bruselas a utilizar todos los "medios legales, diplomáticos y económicos disponibles" para forzar el cese del genocidio descarnado que cumple ya más de tres años. La ICE subraya que Israel mantiene un bloqueo de ayuda humanitaria que podría equivaler a la hambruna como método de guerra, citando informes del Servicio Europeo de Acción Exterior y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exigen prevenir el genocidio en la Franja de Gaza.

En el terreno político, la cohesión institucional de la UE frente a Israel se agrieta ante la gravedad de los hechos y el desgaste político por la complicidad de la clase política con los sionistas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que no renovará el acuerdo militar con Tel Aviv tras los ataques de soldados israelíes contra el contingente de Naciones Unidas (Unifil) en el Líbano. Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha declarado ante la Asamblea Nacional que "el Gobierno israelí debe cambiar su política y abandonar las guerras sin fin". Estas declaraciones se producen en un contexto de destrucción extrema en Gaza, donde la entrada de camiones con suministros básicos se ha desplomado de 4.200 a apenas 1.700 semanales, mientras Israel prohíbe el ingreso de materiales para reparar infraestructuras críticas como la planta de desalinización.

Los organizadores de la campaña, representados por Tamam Abusalama, denuncian que "la justicia no puede hacerse esperar más" y critican que Bruselas siga financiando con 1.110 millones de euros del programa Horizon Europe a empresas y universidades israelíes "estrechamente involucradas con el estamento militar". Mientras países como Alemania, Austria o Hungría han frenado históricamente cualquier sanción efectiva, la aprobación en el Parlamento israelí de una ley que permite condenar a muerte a palestinos de Cisjordania ha endurecido el tono incluso en Berlín. La Comisión Europea ha reiterado que "todas las opciones siguen sobre la mesa" de cara a la reunión de ministros de Exteriores del próximo martes en Luxemburgo, donde se medirá el peso real de la movilización popular frente a los intereses geoestratégicos del bloque. Si Bruselas rechaza la petición, la sociedad civil europea habrá agotado todas las vías legales disponibles en el marco de la UE para poner limitaciones parciales a la colaboración con el genocidio.