Registros domiciliarios contra comunistas italianos del P. Carc bajo acusaciones de “terrorismo”

Al alba de este 21 de abril, la unidad de operaciones especiales Digos ejecutó una serie de registros en las viviendas de seis integrantes del Partido de los Comités de Apoyo a la Resistencia por el Comunismo (P.Carc) en Nápoles y Florencia. Entre las personas afectadas por la intervención policial, ordenada por el fiscal Maurizio De Marco, se encuentran tres miembros de la Dirección Nacional de la organización: Paolo Babini, Igor Papaleo y Marco Coppola, además de militantes regionales y un simpatizante menor de edad. Durante los registros, los agentes han incautado teléfonos móviles y material político, una medida que el partido califica como un "claro objetivo de obstaculizar la actividad política" en un comunicado publicado en su página web.

El mandato judicial se ampara en el artículo 270 bis del código penal italiano, imputando a los militantes "la promoción y organización de asociaciones con fines de terrorismo y subversión", con referencias directas a la presunta "operatividad de las Brigadas Rojas". Asimismo, se les acusa de "apología del delito" bajo los artículos 110 y 414 por su actividad propagandística. Desde el P.Carc denuncian que se trata de una "provocador montaje judicial" que utiliza viejas herramientas jurídicas anticomunistas combinadas con la reprensión del actual ejecutivo de Giorgia Meloni contra el "delito de palabra" y la difusión de ideas en redes sociales.

Solidaridad internacional desde Kenia

La respuesta internacional no se ha hecho esperar. El Comité Organizador Central del Partido Comunista Marxista de Kenia (CPMK) ha emitido una declaración de "solidaridad militante e intransigente", calificando los hechos como una "criminalización del comunismo" y una "represión al estilo Mussolini". Booker Ngesa Omole, portavoz de la organización keniana encarcelado y liberado recientemente, ha subrayado que esta ofensiva no es un procedimiento legal aislado, sino una "brutal forma de represión política desplegada por el aparato estatal burgués" contra la resistencia de la clase trabajadora organizada, vinculando directamente las acciones de la fiscalía con el "linaje ideológico neofascista" del actual gobierno italiano.

En Nápoles, decenas de simpatizantes y compañeros de las personas investigadas se concentraron frente a la Jefatura de Policía en via Medina para protestar contra lo que consideran como tácticas de intimidación, incluyendo intentos de interrogatorio sin presencia de abogados y "otras formas típicas de intimidación que la policía política reserva para los militantes más jóvenes para asustarlos". El P.Carc ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas populares y organizaciones obreras para tomar posición pública contra esta maniobra, que sitúan en un contexto de "ataque contra todo el frente de las masas populares" que se oponen a las políticas del "sistema de las Grandes Ententes".

La organización ha reafirmado su compromiso militante, asegurando que cuanto más intentan las autoridades judiciales y policiales silenciar la disidencia política mediante acusaciones fabricadas de "terrorismo", más se fortalece la lucha contra el gobierno y sus estructuras represivas. Por su parte, la solidaridad internacionalista ha recordado desde Nairobi que este tipo de medidas son "síntomas de crisis" de un orden que teme la organización revolucionaria y la claridad política del movimiento comunista en Europa.