El Gobierno Vasco quiere desahuciar a una madre víctima de violencia machista en Gasteiz
La empresa pública Alokabide tiene previsto el desalojo de una mujer y sus dos hijas menores este viernes sin ofrecer alternativa habitacional.
Este viernes, 24 de abril, la agencia pública de vivienda Alokabide ejecutará el desahucio de una mujer víctima de violencia machista y sus dos hijas, de 8 y 14 años, en la calle Toni Morrison de Vitoria-Gasteiz (Araba). La familia, que será expulsada de su hogar a las 12:30 horas, carece de cualquier alternativa habitacional por parte de los servicios sociales, según denuncia el Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz. La orden judicial llega tras agotarse todas las vías de recurso y tras el fin de la moratoria estatal, dejando a la familia en una situación de vulnerabilidad absoluta amparada por las propias instituciones públicas.
Según denuncia el Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz, la actuación de Alokabide evidencia que la gestión institucional de la vivienda pública opera bajo las mismas lógicas de mercado que el sector privado. Lejos de actuar como un garante de derechos, la agencia pública prioriza el cobro de rentas y la rentabilidad sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Según los datos de la propia memoria de la entidad, solo en 2024 Alokabide inició 34 procedimientos de desahucio en Araba y ejecutó 14 de ellos. En este caso concreto, la deuda que motiva el desalojo fue generada por la expareja de la mujer, quien posee una sentencia firme que la acredita como víctima de maltrato, una condición que no ha impedido que el Gobierno Vasco proceda contra ella.
El desalojo se produce apenas una semana después de que la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, y el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, presentaran a escasos metros del lugar 225 nuevas viviendas públicas. Desde el Sindicato de Vivienda denuncian "el cinismo" de los responsables políticos, quienes el 20 de abril declararon que el objetivo del "escudo social vasco" es "priorizar a las clases medias". La organización señala que mientras Lakua financia con dinero público el negocio constructor para captar votos, impone "barreras de exclusión" como la exigencia de tres años de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida o la denegación del padrón social, expulsando de la protección estatal a las capas más empobrecidas.
En este caso, el sindicato añade que la situación de la familia revela la vacuidad de la retórica institucional sobre las "políticas feministas" y los "derechos sociales". A pesar del riesgo de violencia machista para la mujer oficialmente acreditado, las mismas instituciones que aseguran "combatir la violencia machista" se convierten en cómplices de su desamparo económico y residencial. El Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz subraya que este caso no es una excepción, sino el resultado de una hoja de ruta política que "refuerza el negocio inmobiliario" y "gestiona la miseria" en lugar de garantizar el acceso universal y gratuito a la vivienda.
Ante la inminencia del desahucio, el Sindicato de Vivienda ha hecho un llamamiento a la movilización para impedir que la familia sea arrojada a la calle. La organización sostiene que, mientras el acceso a un techo dependa de la capacidad económica y no de la necesidad humana, los desahucios ejecutados por propietarios públicos seguirán siendo una herramienta de disciplinamiento social. El conflicto en Salburua, por tanto, pone de manifiesto la contradicción entre el derecho a la vivienda y un sistema de vivienda pública que funciona, en la práctica, como un arrendador privado más.
