El Papa ignora a las asociaciones de víctimas y las 'manda' a Roma sin fecha
León XIV necesitaría más de dos años seguidos para escuchar durante cinco minutos a las 236.000 víctimas de abusos sexuales de la Iglesia española, que ocuparían 150 kilómetros si se pusieran en fila, de Cádiz hasta Córdoba.
El Papa León XIV ha protagonizado un polémico encuentro a puerta cerrada en la Nunciatura Apostólica de Madrid con apenas seis víctimas de abusos sexuales, una cita diseñada al milímetro que ha dejado fuera a las asociaciones más representativas y combativas. Mientras el pontífice se reunía en el interior con un reducido grupo de supervivientes previamente seleccionados y acompañados por personal eclesial, las organizaciones independientes que llevan años destapando la pederastia clerical permanecían retenidas a las puertas del recinto. Esta exclusión ha desatado duras críticas por parte de los colectivos civiles, que acusan a la Santa Sede de "intentar proyectar una falsa imagen de consenso y reparación, silenciando a las voces más incómodas en un intento de control de daños" durante su visita oficial al Estado español.
La envergadura de la crisis que la jerarquía católica intenta contener se refleja en las estadísticas de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia española. Según el informe del Defensor del Pueblo de 2023, las estimaciones técnicas apuntan a que aproximadamente 236.000 personas han sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos católicos, una cifra que se eleva hasta las 445.000 víctimas si se amplía el foco a todo el entorno religioso en general. Para ilustrar la gravedad sistémica del problema, los expertos señalan que si las 236.000 víctimas directas de la Iglesia se posicionaran en una fila continua, esta ocuparía una extensión de entre 130 y 170 kilómetros de longitud; una columna humana que, partiendo desde Cádiz en dirección al norte, superaría ampliamente la ciudad de Sevilla y alcanzaría el entorno geográfico de Córdoba o Puertollano.
A pesar de la magnitud de este escenario, la agenda papal optó por el aislamiento institucional frente a los colectivos de víctimas. A las puertas de la delegación vaticana, familias de afectados y portavoces históricos como Juan Cuatrecasas, de la asociación Infancia Robada, expresaron su profunda indignación ante un cordón de seguridad que les impidió el acceso. Durante la tensa espera, los arzobispos y cardenales españoles Juan José Omella y José Cobo, junto a los obispos Ángel Pérez Pueyo y Arturo Ros, se acercaron a los manifestantes para intentar rebajar la tensión. Fue el propio arzobispo de Madrid, José Cobo, quien trasladó a los afectados una propuesta de última hora consistente en remitirlos a un futuro encuentro con el Papa en Roma, aunque sin fijar ninguna fecha en el calendario. Los colectivos rechazaron de inmediato el ofrecimiento por considerarlo una maniobra evasiva que llega "tarde y mal".
El contraste entre la retórica oficial y los hechos documentados este lunes en Madrid ha agudizado los reproches hacia el Vaticano. Horas antes del controvertido encuentro, el Papa León XIV se había convertido en el primer pontífice en admitir públicamente ante el episcopado español la existencia de esta "plaga", exigiendo "compromisos de verdad, justicia y prevención". Sin embargo, el comunicado posterior de la Santa Sede evitó cualquier mención a las protestas exteriores y se limitó a destacar el "afecto" del Papa hacia los seis denunciantes autorizados.
