“El nuevo decreto de vivienda ahonda en la misma dirección que la ley aprobada en diciembre”

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha hecho pública su valoración sobre el Decreto de Modificación Urgente de Disposiciones Reglamentarias en Materia de Vivienda, que el Gobierno Vasco ha anunciado que aprueba este miércoles 22 de abril en Consejo de Gobierno. Según indican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, “aunque este Decreto contiene medidas que pueden parecer más ‘amables’ que la Ley de Medidas Urgentes aprobada en diciembre, ambas son complementarias y vienen a ahondar en la misma dirección: garantizar la rentabilidad del mercado de la vivienda, excluir a los sectores más empobrecidos y normalizar el vivir en peores condiciones de calidad”.

En relación con la adjudicación de vivienda protegida en alquiler, el colectivo señala que “se añade el requisito de llevar empadronada por lo menos 3 años”, cuando anteriormente no existía este criterio. Según explican miembros del sindicato de vivienda, esta medida responde a “un discurso racista que se va extendiendo entre la clase media vasca”, según el cual la población migrada accedería a más vivienda protegida. “Esto es falso, y los datos lo demuestran”, afirman, indicando que este grupo representa alrededor del 15 % de la población y no accede a más del 20 % de las viviendas protegidas.

“Los racistas están de enhorabuena”

Asimismo, en palabras del sindicato de vivienda, esta medida “dificultará aún más el acceso a vivienda protegida al proletariado migrante”, teniendo en cuenta también “todos los obstáculos que se les imponen para acceder el empadronamiento a quienes viven en peores condiciones”. “Con esta medida, los racistas están de enhorabuena”, añaden.

También se han referido a los cambios en los programas Bizigune y ASAP. Según indican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, “en el primer caso, el canon a pagar a los propietarios puede aumentar en más del 50 %, además de contemplar nuevas subvenciones de 12.000 euros”, mientras que “en el segundo caso, las rentas máximas a pagar por los inquilinos pueden crecer hasta un 25 %”. En cuanto a la vivienda protegida en propiedad, el colectivo advierte de que “se abre la puerta a que las constructoras vendan más caras las VPO cuando aleguen costes de construcción elevados”, de modo que “en algunos casos, se les permite aumentar el precio de venta hasta casi el 30 %”.

Normalización de la infravivienda

Por otro lado, según explican miembros del sindicato de vivienda, “se normalizan modalidades de infravivienda y el vivir en peores condiciones”. Como ejemplo, señalan que “a la hora de convertir locales comerciales en viviendas se flexibilizan algunas condiciones de habitabilidad”, y que “se facilita que las entidades del Tercer Sector puedan suscribir contratos de alquiler de habitaciones con una duración mínima menor que las viviendas habituales y, por tanto, con menor protección para inquilinos e inquilinas”.

Medidas para una minoría de clase media

Más allá de las medidas concretas, el sindicato enmarca los cambios en una tendencia más amplia. “Las medidas legislativas aprobadas durante los últimos meses por el PNV y el PSE buscan, principalmente, satisfacer las necesidades de parte de las clases medias, que constituyen su principal base electoral, enriqueciendo de paso a algunas constructoras”, sostienen. El propio Consejero de Vivienda Denis Itxaso afirmó este martes, en una entrevista concedida en ETB1, que “hay que aumentar las medidas dirigidas a la clase media” y que “tenían que cambiar los criterios de Etxebide para que las clases medias tuvieran más opciones de acceder a las viviendas que vamos a hacer”.

Finalmente, denuncian que se quita recursos a “quienes peor están” para “redirigirlos hacia sectores más solventes, y recuerdan que “en Euskal Herria, se dan más de 3 desahucios al día” y que “alrededor de 8.000 personas sobreviven sin hogar”. Ante esta situación, concluyen que estas medidas “no van a solucionar el problema de la vivienda” y apuestan por “reforzar la organización independiente de la clase trabajadora”.

Comparativa con PP y Vox en Extremadura

Iker Narbona, del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, ha ampliado estas críticas estableciendo un paralelismo con las medidas aprobadas por PP y Vox en Extremadura: “Los racistas están de enhorabuena. Aunque el PSOE salga a criticar las medidas acordadas por el PP y Vox en Extremadura por racistas -cosa que claramente son-, los 'gobiernos progresistas' están aplicando medidas similares. No lo explicitan, pero comparten el mismo marco”, señala Narbona en una publicación en X.

El acuerdo de PP y Vox en Extremadura habla de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda protegida e impone requisitos de empadronamiento. Frente a ello, Narbona recuerda la exigencia mínima de 3 años de empadronamiento para las VPO de alquiler que el Gobierno Vasco acaba de aprobar en un decreto. “Es decir, mientras unos alardean de discurso racista y de aplicar un criterio de 'prioridad nacional', los otros simplemente aplican ese criterio sin hacer ruido, para contentar al sentido común reaccionario que se extiende entre sus bases mientras mantienen su apariencia progre”, añade.

Asimismo, Narbona denuncia que, en el caso de las VPO en propiedad, el requisito en la CAV es de 1 año, pero “el proletariado migrante, debido a los criterios económicos que se exigen, ya se encuentra prácticamente excluido de esta modalidad”. También menciona otras medidas coincidentes: PP y Vox proponen excluir de los censos de vivienda protegida a quienes ocupen un piso público, y el Ayuntamiento de Iruñea (EH Bildu) ha aprobado recientemente una ordenanza con una medida casi idéntica. Sobre la criminalización de la ocupación, recuerda que la última medida de desalojo exprés de la Ley de Enjuiciamiento Civil fue aprobada por el PSOE y todo su bloque de investidura.

Para Narbona, “partidos de derechas y de izquierdas comparten presupuestos en cuanto al objetivo de sus políticas de vivienda: quitar recursos a quienes peor están para redirigirlos hacia sectores más solventes. ¿Para qué? Para salvar a (parte de) la clase media nacional. Unos lo hacen y lo airean orgullosamente. Otros no lo dicen, pero lo hacen. Lo que está claro es que el marco reaccionario es asumido por todos los partidos institucionales”, concluye el miembro del sindicato.