El gigante armamentístico Leonardo, a juicio por lucrarse con el envío de material bélico a Israel
Siete organizaciones sociales y una refugiada palestina demandan al Estado italiano y a la empresa pública por violar normas imperativas que prohíben vender armas para cometer crímenes de guerra.
El Tribunal Civil de Roma acoge la primera causa judicial en Italia que cuestiona la legalidad de los beneficios obtenidos por la industria militar a costa del exterminio en Gaza. La demanda, interpuesta por asociaciones como AssoPace Palestina, Pax Christi y ARCI, junto a Hala Abulebdeh —quien perdió a toda su familia bajo las bombas israelíes—, exige la nulidad absoluta de los contratos de Leonardo S.p.A. con Tel Aviv. Según informa el diario Contropiano, entre el material suministrado figuran componentes críticos como alas para cazas F-35, sistemas de puntería láser, aletas para bombas GBU-39 y cañones navali. El proceso señala directamente al Estado italiano, accionista mayoritario de Leonardo, por autorizar estas exportaciones y negarse a suspender los contratos previos al 7 de octubre de 2023.
La demanda se basa en la violación de normas imperativas que, según el artículo 1418 del Código Civil italiano, invalidan "cualquier contrato contrario al interés superior y a la seguridad humana". Los demandantes sostienen que la Ley 185/1990 prohíbe taxativamente la venta de armamento a países en guerra o responsables de violaciones contrastadas de derechos humanos. Además, el artículo 11 de la Constitución italiana establece que el país "repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de otros pueblos", un límite que, en teoría, la libertad de empresa del artículo 41 no puede sobrepasar para maximizar márgenes de beneficio comercial o réditos políticos.
A nivel internacional, la demanda recuerda que Italia ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que veta transferencias si existe conocimiento de que el armamento podría usarse para genocidio o crímenes de lesa humanidad. Este argumento cobra especial importancia tras las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reconoció un riesgo plausible de genocidio en Gaza.
El proceso desnudará si el concepto de "profitto" (beneficio) puede operar por encima de la vida humana. Por un lado, el beneficio comercial directo que Leonardo reporta a sus accionistas privados; por otro, el beneficio político del Gobierno, que prioriza no incomodar a un aliado estratégico como Israel frente a sus obligaciones legales. La resolución del juez determinará si el derecho tiene un contenido real y efectivo o si, como afirmó el ministro de Exteriores Antonio Tajani tras el secuestro de ciudadanos italianos en la Flotilla de Gaza, las normas internacionales solo valen "hasta cierto punto".
