Multirrentistas, empresas y otras entidades acaparan el 60,8% de las viviendas en alquiler

El acceso a la vivienda en el Estado español dista drásticamente del relato oficial del “pequeño ahorrador” que se ha instalado en el sentido común. Así lo demuestra el informe Vivienda, consumo y desigualdad: un mercado dominado por multiarrendadores. Estructura y concentración del mercado del alquiler en España, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el CSIC, señalando que la propiedad del parque de vivienda alquilado presenta una concentración notable: apenas un 4,9% de las personas que perciben ingresos por alquiler —aquellos que poseen tres o más viviendas en alquiler— acapara más del 50% de los inmuebles alquilados por particulares.

Esta minoría de multirrentistas ejerce una posición de dominio sobre gran parte del mercado, lo que desmiente la imagen extendida de una “propiedad democratizada” y “atomizada”. Si se amplía el foco para incluir a todos los multiarrentistas (caseros con dos o más viviendas), junto con los fondos de inversión, sociedades patrimoniales y el escaso parque público, el resultado es que el 60,8% de las viviendas alquiladas están bajo el control de estos perfiles que viven y hacen negocio a costa de alquilar múltiples casas. Mientras tanto, el llamado “pequeño propietario” con una única vivienda en arrendamiento representa el 39,2% del parque total de la vivienda en alquiler, una fracción menor pero que no deja de ser significativa. Sin embargo, esta estructura de propiedad no impide la capacidad de influencia sobre los precios por parte de la minoría que posee carteras inmobiliarias más extensas. Además, quienes poseen menos viviendas de alquiler también se benefician con este proceso.

La concentración inmobiliaria se agrava de forma alarmante en los grandes núcleos urbanos, donde la presión sobre la clase trabajadora es mayor. En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los multiarrendadores controlan casi el 65% del mercado privado de particulares. En Palma de Mallorca esta cifra alcanza el 63,1%, mientras que en Barcelona llega al 60,8% y en Madrid al 56,4%. Los datos demuestran que allí donde la vivienda es más cara, el peso de los caseros con múltiples inmuebles es más intenso, convirtiendo el derecho a la vivienda en un mecanismo de transferencia de rentas hacia el capital inmobiliario.

La evolución reciente de los precios entre 2016 y 2023 confirma que cualquier aumento de la oferta, lejos de bajar los precios —como afirma el dogma liberal—, ha servido para retroalimentar la subida de precios y seguir alimentando la acumulación de los grandes propietarios. Esto ha quedado especialmente claro en el caso de Hungría: un país que ha experimentado una subida del 290% en el precio de la vivienda en la última década pese a perder población.

Volviendo al Estado español, el parque en manos de pequeños rentistas creció un 30,4% y el de los multiarrentistas se disparó un 39,9% en el periodo analizado en el informe. “El aumento de la oferta no ha supuesto una democratización del mercado”, concluye el dossier, señalando que la estructura actual de propiedad permite a quienes ya poseen múltiples inmuebles seguir ampliando su poder a un ritmo mucho más rápido que el resto. En definitiva, el mercado inmobiliario del Estado español no solo está concentrado, sino que los datos de la Agencia Tributaria apuntan a una tendencia de centralización de la propiedad que seguirá reforzándose con el tiempo.