Huelga estatal de Educación Infantil el 7 de mayo
Exigen el fin del modelo de "guardería" asistencial para consolidar una red pública unificada que garantice plazas gratuitas y el descenso de las ratios actuales.
El próximo 7 de mayo, las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) llama a parar su actividad en todo el Estado español. La movilización, impulsada por CCOO, CGT y la Plataforma Estatal de Educación Infantil, denuncia el abandono institucional de una etapa que el sistema educativo trata como un simple servicio de conciliación laboral para las familias y no como un derecho fundamental de la infancia. Las organizaciones convocantes, que también han anunciado una manifestación el 23 de mayo frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, reivindican que se cree una red pública, gratuita y de gestión unificada que elimine la transferencia de fondos públicos a empresas privadas y mejore las condiciones de un sector históricamente feminizado e infravalorado.
La principal exigencia material del conflicto es la equiparación de las ratios de alumnado por aula con los estándares europeos para garantizar la seguridad afectiva y el desarrollo neurocognitivo de los menores. Actualmente, la normativa permite que una sola educadora atienda hasta a 8 bebés de entre 4 y 12 meses, una cifra que contrasta con los 5 lactantes por profesional en el Estado francés o los 3 de Irlanda. "Queremos mirar a los ojos, no contar cabezas", declaran las trabajadoras en una nota de prensa, denunciando que la saturación de las aulas impide realizar las tareas de vinculación afectiva con los bebés y atención a la diversidad que la ley les obliga a programar y evaluar.
La tabla de reivindicaciones incluye la implantación de la "pareja educativa" —dos profesionales por aula de forma permanente— y el reconocimiento de horas de docencia indirecta. Estas horas lectivas sin presencia directa de alumnado, explican, son necesarias para labores pedagógicas, tutorías y coordinación, tareas que hoy se realizan fuera de jornada o en condiciones de sobrecarga. Asimismo, las trabajadoras exigen que se unifique el calendario escolar con el resto de las etapas educativas, denunciando que las jornadas ininterrumpidas de 11 meses, sin descansos en periodos como Navidad o Semana Santa, priorizan los intereses de producción de las empresas por encima del bienestar físico y emocional de los niños y las niñas.
El personal educativo denuncia que la precariedad salarial y la falta de recursos responden a una infravaloración de las tareas de cuidados, delegadas sistemáticamente a las mujeres. El colectivo reclama un salario mayor que ponga fin a la pauperización de las trabajadoras y una inversión real en infraestructuras y espacios mejorados. Según señalan las fuentes de la convocatoria, la actual fragmentación del servicio y la falta de una red pública universal perpetúan la desigualdad de oportunidades desde el nacimiento, convirtiendo el acceso a la educación temprana en un privilegio condicionado por la renta familiar en lugar de un servicio público garantizado.
