Obreros textiles haitianos en lucha por un salario mínimo de 23 dólares diarios
Exigen un aumento salarial para paliar el encarecimiento de la canasta básica y denuncian la complicidad institucional con los grupos armados.
Este lunes, miles de trabajadores y trabajadoras de la industria textil tomaron las calles de Puerto Príncipe (Haití) para exigir un aumento urgente del salario mínimo, fijando su demanda en 3.000 gourdes diarios (aproximadamente 23 dólares) por una jornada de ocho horas. La movilización, convocada por sindicatos como el SOTA, Batalla de los Trabajadores y la CNOHA y recogida por la agencia EFE, denuncia que la remuneración actual de 685 gourdes (5,65 dólares) resulta insuficiente incluso para cubrir el coste del transporte y la alimentación básica. El estallido de estas protestas se remonta al pasado 13 de abril, tras la decisión del Gobierno de elevar el precio de los combustibles, lo que ha disparado de forma inmediata el coste de vida de la clase trabajadora, también en Haití.
La mayoría de los manifestantes operan bajo el modelo de explotación de zonas francas en el Parque Industrial Metropolitano (Sonapi), un enclave de empresas manufactureras orientadas a la exportación que no ha visto una actualización salarial desde febrero de 2022. Los gremios exigen no solo el aumento salarial, sino también un sistema de apoyo social que incluya subsidios para vivienda, transporte y educación. "Cuando se tiene hambre, no se bromea", coreaban los obreros durante la marcha, denunciando los salarios de miseria que no permiten comprar ni un galón de combustible.
El silencio del Ejecutivo haitiano ante las reivindicaciones obreras aumenta la tensión en el sector. Aunque el Consejo Superior de Salarios (CSS) presentó un informe sobre el ajuste salarial en mayo de 2025, las autoridades no han ejecutado medida alguna, permitiendo que la inflación y la devaluación del poder adquisitivo sigan comiéndose el maltrecho poder adquisitivo de las familias trabajadoras haitianas. Los manifestantes señalaron directamente que este inmovilismo responde a las prioridades presupuestarias del Estado, que ignora las necesidades materiales más elementales de quienes producen la riqueza en las fábricas de montaje mientras se mantiene un estancamiento deliberado de los ingresos reales.
La protesta también sirvió para denunciar el deterioro de la seguridad pública, que los sindicatos califican de "clima de inseguridad programado". Los trabajadores acusaron a las autoridades de connivencia con las bandas armadas que controlan el 90% de la zona metropolitana, facilitando el terror que impide el desarrollo normal de la vida cotidiana. Según las declaraciones recogidas por la agencia EFE, los manifestantes vinculan la inacción gubernamental frente al crimen organizado con una estrategia de desmovilización social, mientras las grandes empresas del sector textil continúan beneficiándose de una mano de obra empobrecida y amenazada por una guerra civil.
