El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha incluido al Estado español en su nuevo programa de infraestructuras militares para el año fiscal 2027, consolidando la función del país como nodo logístico y operativo para las agresiones imperialistas en el Mediterráneo y el norte de África. El presupuesto total de defensa de la administración Trump asciende a la cifra récord de 1,45 billones de dólares —un 44% más que el año anterior— e incorpora 8.500 millones para 64 proyectos de construcción militar. Aunque Washington mantiene una presión constante sobre Madrid para que incremente su gasto en bélico hasta el 5% del PIB, el Pentágono ha decidido asegurar la operatividad de enclaves estratégicos como la Base Naval de Rota, donde el Comando de Sistemas de Abastecimiento Naval ya ha iniciado los trámites para adjudicar el mantenimiento de sus destructores.

El plan responde a la estrategia de "paz a través de la fuerza", que destina 70.000 millones de dólares a la modernización del arsenal nuclear y 52.900 millones al desarrollo de drones y sistemas autónomos de combate. Según el informe del Departamento de Guerra consultado por El Economista, el Estado español aparece junto a socios como Australia y Japón en el mapa de "prioridades para renovar infraestructuras críticas", asegurando que las fuerzas armadas estadounidenses dispongan de instalaciones capaces de sostener operaciones de largo alcance de forma ininterrumpida.

Este refuerzo de la presencia militar extranjera se produce en un clima de tensión por el desigual reparto de cargas dentro de la OTAN y discursos "pacifístas" de Sánchez en el Congreso. Mientras el Pentágono invierte 9.800 millones adicionales en mejorar alojamientos y condiciones de vida de sus tropas estacionadas en el exterior, la administración Trump exige que los estados subordinados asuman un mayor protagonismo en la financiación de la maquinaria bélica regional. El documento presupuestario deja claro que el objetivo es la reconstrucción de la base industrial de defensa nacional de EEUU, asignando más de 100.000 millones de dólares para asegurar el suministro de minerales críticos y reducir la dependencia de proveedores externos, reforzando sus capacidades en la producción de armamento.

La integración de las bases de Rota y Morón en este esquema de "recalibración" militar abre nuevas vías de negocio para el sector militar-industrial, desde la ingeniería hasta la gestión de suministros. Sin embargo, esta dinámica profundiza la inserción del Estado español en el circuito bélico estadounidense, subordinando la supuesta "soberanía" a los intereses estratégicos de Washington. El presupuesto también reserva 58.500 millones para inteligencia artificial y mando multidominio, herramientas diseñadas para acelerar el despliegue de nuevos sistemas de vigilancia y ataque en los flancos donde EEUU considera que sus intereses económicos y geopolíticos están amenazados.

En definitiva, la apuesta por "modernizar" las instalaciones militares españolas evidencia que, más allá de los choques retóricos sobre el porcentaje de gasto público destinado a las armas o las acciones concretas de EEUU en diferentes lugares del mundo, el control de la península ibérica sigue siendo una pieza fundamental para la proyección del poder militar estadounidense.