Una macrooperación de la Policía de Estado italiana coordinada por la Fiscalía de Roma se ha saldado con la detención de ocho militantes anarquistas acusados de delitos de “asociación ilícita con fines de terrorismo y sabotaje”. La jueza de instrucción de Roma, Rosalba Liso, firmó las órdenes que derivaron en cinco ingresos en prisión, dos arrestos domiciliarios y una detención en dependencias policiales por posesión de material propagandístico e instructivo. De forma paralela, los agentes ejecutaron 18 registros en inmuebles ubicados en urbes como Milán, Nápoles, Bolonia, Predappio y la propia capital italiana, donde el operativo culminó con el desalojo forzoso y el posterior tapiado del Bencivenga Occupato, un emblemático Centro Social Ocupado del barrio de Montesacro con veinticinco años de trayectoria.

La investigación penal se remonta a septiembre de 2024, periodo en el que la Policía mantenía bajo vigilancia un inmueble rural en Sambuci, cerca de Vicovaro, ante la sospecha de que servía de refugio al militante Salvatore Vespertino antes de su posterior captura en el Estado español. En ese enclave, la policía espió mediante dispositivos de audio y vídeo un encuentro celebrado entre el 11 y el 13 de julio de 2025, en el que participaron nueve personas. Según el sumario judicial, los investigadores sostienen que en dicha reunión “se pautaron campañas de agitación de corte antimilitarista y antiimperialista, el relanzamiento de movilizaciones a favor del preso Alfredo Cospito y directrices para la fabricación de artefactos explosivos”.

La fiscalía vincula directamente las directrices de aquella reunión con los ataques perpetrados el 14 de febrero de 2026 contra las líneas ferroviarias de alta velocidad en los tramos Roma-Florencia y Roma-Nápoles, así como con los desperfectos denunciados el 29 de mayo de 2026 en la línea Brennero-Verona. Las interceptaciones telefónicas realizadas durante la pasada primavera en el centro Bencivenga recogieron conversaciones y muestras de solidaridad tras el suceso del 19 de marzo de 2026 en el parque de los Acueductos de Roma, donde los jóvenes Sandro Mercogliano y Sara Ardizzone fallecieron debido a la explosión accidental de un artefacto que manipulaban.

A pesar de la gravedad de la calificación jurídica de “grupo de afinidad terrorista” que detalla la orden de detención, sectores de la defensa y análisis críticos reflejados en medios locales señalan que las quince horas de escuchas policiales contienen debates de carácter sumamente genérico. En los audios se abordan dinámicas del movimiento anarquista internacional, la situación en Palestina, críticas a corporaciones como Leonardo o debates sobre programas de televisión, sin que consten planes operativos concretos o el diseño explícito de atentado alguno. La argumentación policial señala que la propia ausencia de detalles específicos y el uso de mensajería encriptada por parte de los investigados constituyen, de forma indiciaria, “una prueba del método de elusión propio de una organización clandestina”.

Coincidencia temporal con el caso de Alfredo Cospito

El desarrollo de los arrestos y los registros se produce en un escenario de fuerte controversia política y judicial. Los fiscales de Roma remitieron las actuaciones al juzgado de instrucción el pasado 18 de abril de 2026, pero la intervención policial no se ejecutó hasta este mes de junio, coincidiendo temporalmente con la deliberación del Tribunal de Vigilancia de Roma sobre el recurso presentado por Alfredo Cospito contra la aplicación del régimen penitenciario de aislamiento estricto 41-bis, cuya vista oral tuvo lugar el pasado viernes 12 de junio. Diversas organizaciones sugieren que la operación y la tesis fiscal que sitúa a Cospito como el “líder inspirador de la célula” configuran un montaje para condicionar el inminente fallo del tribunal.

Por otra parte, el cierre definitivo CSO Bencivenga, histórico bastión de la escena musical punk y de actividades culturales alternativas no comerciales, se produjo apenas dos días después de que el creador de contenido fascista Simone Carabella exigiera públicamente la intervención policial en el espacio. Este desalojo se suma a una lista de clausuras de espacios autogestionados sin procesos de regularización previa que se han intensificado bajo la gestión gubernamental de Giorgia Meloni, tras los cierres recientes de centros como el Leoncavallo, Askatasuna, Zk Squat, Torre Maura Occupata y, hace mes y medio, el complejo Laurentino38.