El régimen de Marcos Jr. ejecuta a 19 personas en Filipinas

La localidad costera de Toboso, en la provincia de Negros Occidental, se ha convertido en el epicentro de nuevas matanzas a manos del ejército en Filipinas. El pasado 19 de abril, una operación del Ejército filipino se saldó con 19 personas asesinadas, descritos oficialmente como "combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo" (NPA). Sin embargo, la narrativa gubernamental ha dado un giro internacional tras confirmarse que dos de los fallecidos eran ciudadanos estadounidenses: Lyle Prijoles y Kai Dana-Rene Sorem, quienes habrían llegado al país en marzo.

El Partido Comunista de Filipinas (CPP) y diversas organizaciones sociales han denunciado que la operación no fue un enfrentamiento armado, sino una masacre donde se ejecutó a civiles. Según la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL), entre las víctimas se encuentran un líder estudiantil de la Universidad de Filipinas, dos defensores de los derechos de los campesinos y un periodista comunitario que se encontraba en la zona documentando la situación de las aldeas empobrecidas. Denuncian que los militares "plantaron" pruebas y armas para fabricar un escenario de combate.

El régimen de Marcos Jr. y el discurso sobre la "captación terrorista"

La Fuerza Operativa Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local (NTF-ELCAC) ha utilizado el asesinato de los dos estadounidenses para lanzar una advertencia a los ciudadanos de origen filipino residentes en EEUU. El subsecretario Ernesto Torres Jr. calificó el proceso de captación de grupos militantes de izquierda como "terror-grooming" ("captación terrorista"), instando a la diáspora a "no involucrarse en redes que puedan derivar en su exposición a escenarios de combate".

Por su parte, el Partido Comunista de Filipinas emitió un comunicado rindiendo honores a los caídos de Toboso, a quienes definen como "héroes del pueblo" que ejercían labores de médicos, maestros y campesinos ante el abandono estatal. El CPP acusa al régimen de Ferdinand Marcos Jr. de imponer un control militar absoluto sobre la zona para ocultar abusos y desplazamientos forzosos de cientos de aldeanos tras la operación.

Un conflicto que se enquista

A pesar de que el Gobierno asegura que el NPA cuenta con menos de 900 combatientes —lejos de los 25.000 que llegó a tener en los años 80—, la persistencia de los enfrentamientos tras el colapso de las negociaciones en la era Duterte mantienen a Filipinas sumida en una de las insurgencias comunistas más largas de Asia. La presencia de extranjeros en las filas insurgentes y las denuncias de violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército sugieren una escalada de la represión en las castigadas zonas rurales del país.