Merz y el SPD pactan un recorte de hasta 40.000 millones en sanidad para blindar el rearme
El Gobierno de coalición de Alemania impone gran pacto de austeridad para poder alcanzar el 3,5% de PIB militar como indica la OTAN.
El canciller de la República Federal Alemana, Friedrich Merz, ha acordado junto a sus socios del SPD un drástico plan de recorte estructural que podría reducir hasta 40.000 millones de euros en el sistema de salud pública (GKV) hasta el año 2030; esto sería el equivalente a más del 40% del PIB de Luxemburgo, alrededor del 38% del PIB de Croacia o casi un tercio del PIB de Bulgaria. El gran pacto de austeridad, bautizado por el Ejecutivo como el "Otoño de las Reformas", establece una transferencia directa de recursos desde la protección social hacia el fortalecimiento de la Bundeswehr. Según los datos oficiales recogidos por Tagesschau, el presupuesto militar escalará hasta los 82.700 millones de euros en gasto ordinario y 108 mil millones en gasto total solo en 2026, cifras que Merz justifica mientras afrima que el actual modelo de bienestar es "insostenible".
La reforma sanitaria impulsada por la ministra Nina Warken (CDU) contempla medidas de choque inmediatas para las familias trabajadoras, incluyendo un aumento generalizado de los copagos (Zuzahlungen) y la eliminación de prestaciones que hasta ahora eran universales. El plan, diseñado para "aliviar un déficit" en las cajas de enfermedad de hasta 15.000 millones de euros en 2027, pone en riesgo la Mitversicherung (cobertura gratuita de familiares), lo que supondría un encarecimiento directo del coste de la vida para millones de asegurados. Merz ha sido contundente al declarar que "no podemos permitirnos este sistema por más tiempo", reafirmando su decisión de no ceder ante las acusaciones de desmantelamiento social.
La complicidad del SPD en este recorte ha generado una fuerte fractura interna en la coalición "negro-roja". Mientras la cúpula del SPD intenta matizar el impacto hablando de "eficiencia estructural", sus bases y medios afines como Vorwaerts reconocen la existencia de graves "desequilibrios" que castigan a los trabajadores. Las tensiones dentro del Gobierno son ya una evidencia pública, con un bloque del SPD que exige amortiguar la carga sobre los pacientes mientras el canciller prioriza el trasvase de partidas presupuestarias para cumplir con los compromisos de la OTAN, que exigen destinar el 3,5% del PIB a gasto militar directo para finales de la década.
La respuesta de los sindicatos y movimientos sociales ha sido de oposición frontal. El bloque sindical formado por el DGB, IG Metall y Ver.di ha denunciado que los trabajadores ya están pagando la factura del rearme con la pérdida abrupta de derechos sociales y la posible reducción del subsidio por enfermedad (el Krankengeld). Para estas organizaciones, el Gobierno está utilizando la supuesta "amenaza rusa" como coartada para ejecutar un Sozialabbau (recorte social) sin precedentes que degrada la calidad de la asistencia sanitaria en un momento de debilidad económica crítica para Alemania, con un "crecimiento" del PIB estancado en el 0,5%.
Este plan de recortes sigue la senda de un endeudamiento masivo, con nuevos créditos militares que superarán los 110.000 millones de euros en 2027, destinados mayoritariamente a la industria bélica. Al presentar el rearme y los recortes como procesos inevitables y paralelos, el Gobierno de Merz impone una lógica de economía de guerra donde la salud pública se convierte el primer objetivo a batir. Varias cabeceras de la prensa alemana coinciden en señalar que este giro marca el fin de una era de supuesto "consenso social", priorizando su objetivo de "volver" tener "el ejército convencional más fuerte de Europa", acompasado con los planes para imponer el servicio militar obligatorio.
