Casi la mitad de la militancia de Más Madrid con derecho a voto son cargos o liberados del partido

El exdiputado de Más Madrid, Alberto Oliver, ha denunciado a través de sus redes sociales el proceso de burocratización y cierre de espacios de participación interna que atraviesa la formación liderada por Mónica García. Según los datos facilitados por el exparlamentario en un hilo de X, de las aproximadamente 800 personas que conservan actualmente el estatus de militantes con derecho a voto en los procesos autonómicos, cerca de 350 son cargos públicos o liberados de la estructura. Esta cifra supone que el 43,7% de la base decisoria de la organización depende económicamente del propio aparato del partido.

Esta situación deriva de una modificación en los estatutos y reglamentos internos que la dirección de Más Madrid ha impulsado para restringir el derecho a sufragio en las elecciones primarias. La dirección defiende que los cambios fueron aprobados "democráticamente" por la militancia en 2025 y que buscan "garantizar una participación activa y comprometida", no "simpatizantes de última hora".

Según detalla Oliver, en las consultas internas de 2019 participaron más de 7.000 personas en el ámbito autonómico; sin embargo, con el nuevo marco normativo, la cifra de personas con capacidad de decidir se ha desplomado hasta las 800. La dirección ha establecido que los cargos públicos y asalariados son "militantes natos", mientras que el resto de la base social debe superar registros específicos y controles de actividad periódicos para no perder sus derechos políticos en Más Madrid.

El exdiputado señala que este modelo de gestión genera un "modelo de incentivos" donde quien controla el aparato administrativo controla "prácticamente un 30-40% del voto". Esta concentración de poder en manos de los políticos profesionales "aumenta muchísimo las barreras de entrada" para perfiles externos y candidaturas críticas que no cuenten con el respaldo de la estructura de liberados y cargos públicos. Oliver califica el procedimiento utilizado por la Mesa Regional —la asamblea legislativa del partido— como una "pirueta" jurídica para imponer un reglamento que no tendría encaje en las figuras estatutarias previas.

La denuncia también menciona el hecho de que los simpatizantes de Más Madrid puedan votar para elegir candidatos en municipios de más de 500.000 habitantes, pero se les prohíba hacerlo cuando se trata de elegir a quienes representarán a los 7 millones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

El exconcejal de Podemos en Parla, Javier R., se ha sumado a las críticas señalando que este mecanismo de exclusión convierte a la militancia real en algo inexistente, reduciendo la organización a un núcleo de personas liberadas y sus entornos inmediatos. Este proceso de blindaje institucional de Más Madrid responde a la producción de una estructura de cuadros profesionalizados que prioriza la estabilidad de sus propios puestos frente a la participación política interna. La tensión interna revela cómo la dirección ha utilizado el aparato jurídico del partido para rebajar el peso político de los más de 34.000 inscritos originales, consolidando un monopolio de la información y la decisión en favor de una minoría que percibe salarios públicos o directos de la formación.