Palantir en Europa
La corporación maneja millones de datos europeos sin asumir responsabilidades, convirtiendo la infraestructura pública de la UE y el Reino Unido en el pilar de su negocio fuera EEUU.
En los últimos años, Palantir Technologies ha expandido su modelo de negocio, basado en el desarrollo de plataformas informáticas para la integración y el análisis masivo de datos, penetrando en las infraestructuras críticas de los Estados europeos. Sin embargo, a medida que sus sistemas asumen el control de información confidencial de millones de ciudadanos, la empresa mantiene una postura inamovible bajo la cual niegan cualquier responsabilidad sobre las consecuencias derivadas del uso de sus herramientas, argumentando ser meros creadores de sistemas y no responsables de la información.
El despliegue de esta tecnología en Europa no se basa en adjudicaciones públicas de gran magnitud. Uno de los casos más paradigmáticos se materializó en el Reino Unido en noviembre de 2023. Según los registros oficiales de adjudicación de contratos del Gobierno británicoy del Servicio Nacional de Salud, (NHS England), Palantir "resultó" ganadora de un contrato valorado en 385 millones de euros para desarrollar y gestionar la denominada Plataforma de Datos Federada durante un periodo de siete años.
Este sistema informático tiene como objetivo integrar los historiales médicos, la gestión de camas hospitalarias, los suministros y los tiempos de espera de las listas quirúrgicas de toda la red pública de salud británica. La adjudicación provocó una reacción inmediata fundamentada en cifras. Según los datos publicados por la ONG Foxglove, más de 100.000 ciudadanos firmaron peticiones formales para detener el contrato. El temor a la cesión de historiales clínicos a una corporación con profundos vínculos militares y de inteligencia se tradujo en que más de 3,2 millones de pacientes británicos ejercieron su derecho legal a bloquear el uso de sus historiales médicos para fines de investigación o planificación.
Mientras en el Reino Unido la penetración se produjo por la vía sanitaria, en Alemania la expansión se ejecutó a través del control policial. El estado federado de Hesse implementó un sistema denominado "Hessendata", una versión adaptada de la plataforma Gotham de Palantir, destinada supuestamente al análisis preventivo de delitos. Según los documentos presupuestarios del Parlamento Regional, el gobierno regional desembolsó más de 25 millones de euros entre los años 2017 y 2022 para licencias y mantenimiento de este programa informático.
El sistema permitía a la policía cruzar bases de datos dispares tales como registros de antecedentes, padrones municipales, registros de tráfico e incluso información de redes sociales, creando perfiles de riesgo automáticos. Sin embargo, en febrero de 2023, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania emitió un fallo vinculante y de efecto nacional, dictaminando que la legislación que amparaba el uso de la tecnología de Palantir en los estados de Hesse y Hamburgo era inconstitucional y "violaba el derecho fundamental a la autodeterminación informativa". Los magistrados basaron su sentencia en que el sistema tenía la capacidad de procesar y cruzar información irrelevante o sin sospecha previa de los más de 14,6 millones de habitantes combinados de ambos estados, generando perfiles incriminatorios sin una orden judicial específica, lo que los jueces definieron como "un riesgo inaceptable de discriminación algorítmica".
Adquisición por instituciones europeas
A nivel de las instituciones de la Unión Europea, la presencia de la corporación también se mide en millones de euros. Según el registro oficial de licitaciones de la Unión Europea (Tenders Electronic Daily), la Oficina Europea de Policía (Europol) firmó contratos con la empresa estadounidense, destacando una adjudicación inicial en 2016 por un valor de 7,5 millones de euros para la ampliación de sus capacidades de análisis de inteligencia. Paralelamente, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) documentó en sus informes de transparencia la realización de pruebas de concepto con sistemas de Palantir para el monitoreo de flujos migratorios, aunque los montos exactos de estas operaciones de prueba a menudo quedan diluidos en partidas presupuestarias de investigación tecnológica general, lo que ha generado quejas formales por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
El impacto económico de esta expansión es evidente en los balances de la corporación. Según el informe oficial de resultados financieros presentado por Palantir Technologies ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) correspondiente al cierre del ejercicio fiscal de 2023, la empresa generó unos ingresos globales de 2.226 millones de dólares (aproximadamente 2.050 millones de euros). En dicho informe, la corporación destacó que sus ingresos comerciales a nivel internacional crecieron un 11% interanual, impulsados de manera fundamental por la adopción de sus plataformas en Europa. Además, el costo medio anual para un cliente institucional de Palantir, según estimaciones del sector financiero reflejadas en informes de mercado de la entidad Morgan Stanley, rara vez desciende del millón de euros por licencia, lo que restringe su uso a grandes monopolios estatales o corporativos.
Lavado de manos
Frente a este escenario de control masivo y facturación multimillonaria, la postura de la empresa respecto a las consecuencias de sus sistemas es de un absoluto desapego legal. El director ejecutivo de la compañía, Alex Karp, ha reiterado en múltiples cartas a los accionistas y foros económicos europeos que Palantir no es una empresa de corretaje de datos. La arquitectura legal de su defensa se basa estrictamente en el texto del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD).
Bajo los parámetros del Artículo 28 del citado reglamento europeo, Palantir se autodefine exclusivamente como un "encargado del tratamiento" (procesador de datos) y no como un "responsable del tratamiento" (controlador de datos). Esto significa, en términos legales y operativos, que la empresa proporciona la capacidad computacional y los algoritmos de cruce de datos, pero afirma no tener propiedad, visión ni jurisdicción sobre la información que sus clientes introducen en el sistema.
Esta interpretación legal permite a la corporación eludir cualquier demanda por discriminación racial, sesgo en detenciones policiales o vulneración de la privacidad médica, laboral, etc. Si el sistema de la policía alemana señala desproporcionadamente a minorías, o si el sistema sanitario británico filtra información sensible, la posición oficial y legal de la empresa es que el fallo o el delito recae única y exclusivamente sobre el funcionario o la institución pública que introdujo los parámetros de búsqueda.