La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) ha llamado a movilizarse el próximo jueves 7 de mayo frente a las sedes del PSOE en distintos puntos del Estado español, y se han ido sumando varias convocatorias. Las concentraciones denuncian la "inacción de la SEPI" (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, ante la existencia de listas negras de las que, según la organización sindical, el Ejecutivo fue informado en 2019. Bajo el lema Hacer sindicalismo no es delito, las protestas exigen el fin de los vetos que impiden a trabajadores aptos acceder a empleos en los astilleros públicos y sus empresas auxiliares por su actividad sindical. Los trabajadores denuncian que esta exclusión laboral se mantiene en vigor desde hace seis años.

La convocatoria se produce coincidiendo con el primer mes de la protesta de Manuel Balber y Jesús Galván, quienes permanecen subidos a una grúa de Navantia en San Fernando (Cádiz) desde el pasado 8 de abril. Ambos soldadores, cofundadores de la CTM, sostienen que la patronal y la empresa pública les impiden trabajar desde hace seis años pese a la alta demanda de fuerza de trabajo en el sector. Los trabajadores han decidido mantener esta resistencia a 25 metros de altura hasta obtener un contrato, denunciando un problema estructural de persecución de la actividad sindical combativa en la Bahía de Cádiz.

Las sedes del PSOE en ciudades con fuerte tradición industrial y naval, como Ferrol, Cádiz, Cartagena, Sevilla y Xixón, además de Almería, Córdoba y Granada, serán los escenarios de estas concentraciones, que se suman a una movilización que hubo en la propia ciudad de Cádiz el pasado 29 de abril, algunos paros laborales, acciones reivindicativas y decenas de mensajes de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno español sigue sin tomar cartas en el asunto, por lo que los denunciantes han decidido escalar en las protestas y señalar directamente la responsabilidad política del Ejecutivo en la gestión de Navantia, empresa de titularidad estatal. Acusan al PSOE de permitir que se utilicen mecanismos de control y exclusión contra los trabajadores organizados en defensa de los derechos laborales. Esta práctica fuerza a los operarios a la emigración o al desempleo mientras la empresa pública mantiene su actividad productiva.

La movilización cuenta con el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales, que critican que "el Gobierno más progresista de la historia" priorice investigar el acceso a la grúa de Navantia por parte de los sindicalistas vetados en lugar de auditar los procesos de contratación que vulneran la libertad sindical por orden de la patronal del metal (Femca). La CTM reitera que el objetivo de estas jornadas es forzar al Ministerio de Hacienda y a la SEPI a actuar contra estas prácticas ilegales de exclusión laboral, que ya han sido reconocidas por los tribunales.

Estas jornadas de protesta se suman a las marchas y asambleas que se han sucedido durante todo el mes de abril en la provincia de Cádiz. Según recogen las redes sociales de los afectados, CTM y los diarios Público y Diario de Cádiz, la determinación de los trabajadores subidos a la grúa sigue siendo firme, a pesar de las difíciles condiciones ambientales y el aislamiento impuesto por el equipo de vigilancia de Navantia. Los convocantes de las concentraciones del 7 de mayo advierten que no cesarán en su presión hasta que el Estado, como propietario de los astilleros, garantice el derecho al trabajo de quienes han sido castigados por defender los derechos de la clase trabajadora. En ausencia de respuestas, Manuel y Jesús llaman a manifestarse ante las sedes del PSOE, recordando su responsabilidad política y advirtiendo a la derecha y a la extrema derecha de que no permitirán que instrumentalicen su lucha para cuestiones partidistas.