El Defensor del Pueblo se niega a investigar la tortura en el Estado español

El Defensor del Pueblo del Gobierno español rechazó la solicitud de 13 organizaciones de derechos humanos para elaborar un informe extraordinario sobre la práctica de la tortura en el Estado español, según denunciaron la semana pasada las entidades impulsoras de la iniciativa. En una reunión mantenida el pasado 10 de abril, la institución declinó ejercer la competencia prevista en el artículo 32.2 de su Ley Orgánica, que le permite dirigirse a las Cortes Generales ante hechos de especial gravedad. El titular de la institución argumentó que su cargo como Alto Comisionado le impide realizar actuaciones que conlleven "alguna forma de incidencia política" y que no puede "conminar o dar órdenes a las Cortes".

Los colectivos solicitantes, entre los que figuran Argituz, Iridia, la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) y La Comuna, entre otros, trasladaron al Defensor su preocupación por la impunidad que rodea a estos delitos. Según la documentación aportada, la tortura se produjo de forma "sistemática" en el pasado reciente y persiste hoy con una frecuencia "más que esporádica". Las organizaciones recordaron que el Instituto Vasco de Criminología ha acreditado al menos 4.311 casos solo en la Comunidad Autónoma Vasca y otros 1.068 en Nafarroa entre 1960 y 2014, aunque estiman que la cifra real podría ascender hasta los 20.000 casos.

Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo alegó que para realizar dicho informe necesitaría que el Congreso de los Diputados se lo encomendara y contar con los "medios adecuados". Asimismo, remitió a los portavoces de la sociedad civil a otras instancias como la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática o la Comisión de la Verdad. Esta postura institucional choca con las denuncias de los colectivos, quienes señalan la vigencia de mecanismos que favorecen el maltrato, como la detención incomunicada prevista en el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las organizaciones critican que el estamento político y jurídico ha venido "negando, acallando o minimizando" estas prácticas. Frente a la tesis oficial de que "no existen sentencias", los informes del propio Defensor revelan una media de 50 funcionarios condenados anualmente por tortura o delitos contra la integridad en los últimos quince años. Además, recordaron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en 13 ocasiones por violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referido a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos.

Tras la negativa de la institución, los colectivos firmantes han hecho un llamamiento a la movilización de las los movimientos sociales para exigir justicia, reconocimiento y reparación para las víctimas. La iniciativa busca romper el bloqueo sobre los más de 5.000 testimonios documentados que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no han sido objeto de investigación alguna por parte de las autoridades españolas. La nota emitida por las organizaciones destaca que el perfil actual de las víctimas de la violencia policial ha virado mayoritariamente hacia las personas migrantes.