El Estado español adelanta a Rumanía en pobreza infantil
El Gobierno español celebra que “el PIB creció un 0,6%” en el primer trimestre, mientras se sitúa como líder de la UE en riesgo de pobreza de menores.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el pasado jueves de que la economía española “creció” un 0,6% durante el primer trimestre de 2026. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, celebró estos datos en un vídeo institucional donde afirma que "España sigue liderando entre las grandes economías de la Unión Europea" gracias a un "crecimiento sólido sostenido por dos grandes fortalezas que son el consumo de los hogares y la inversión de las empresas". Sin embargo, no precisó que es exactamente lo que crece, porque esta "expansión" de las magnitudes macroeconómicas parece ser proporcional a la privación material severa de la población: según los últimos datos de Eurostat publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) a partir de registros de Eurostat, el Estado español registró en 2025 la tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea, alcanzando el 28,4%, superando a países como Rumanía o Bulgaria.
El avance del 0,6% del PIB se apoya fundamentalmente en el consumo de los hogares, a pesar de que los salarios reales continúan perdiendo peso frente al rápido aumento del coste de la vida. Según recoge EAPN-ES, el 11,2% de la población empleada en el Estado español se encuentra en situación de pobreza, lo que supone la segunda tasa más elevada de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria en este aspecto. Este fenómeno de trabajadores pobres demuestra que el empleo no garantiza la salida de la exclusión, una transferencia de valor desde los salarios hacia los márgenes de beneficio empresarial y rentista, que el ministro Cuerpo define como "fortaleza" de la inversión privada.
La ineficacia del sistema administrativo para redistribuir la renta agrava esta fractura social, ya que las transferencias sociales en el Estado español apenas reducen la pobreza en un 23,2%, frente al 33,2% de la media europea y muy lejos del 52,6% de Bélgica. Mientras el "Gobierno más progresista de la historia" mantiene sus prioridades presupuestarias y celebra datos abstractos de "crecimiento" que no se reflejan en el aumento del bienestar social: el 25,7% de la población total —12,6 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El impacto de esta desposesión incontestable es especialmente agudo en los hogares con menores a cargo, donde casi tres de cada diez personas viven en situación de vulnerabilidad, lo que supone 8,8 puntos por encima de la media de la Unión Europea.
A la precariedad de los ingresos se suma el aumento especulativo de los precios de la vivienda, que extrae una parte sustancial de la renta disponible de las familias trabajadoras. En el Estado español, el 28,3% de las personas en situación de pobreza soportan un gasto elevado en vivienda, destinando más del 30% de sus ingresos únicamente a este concepto. Esta presión se ha intensificado tras la decisión del Congreso de derogar la prórroga de los alquileres, una medida que, según denuncian miles de inquilinos y el movimiento de vivienda, deja sus vidas "en vilo".
Estos dos datos principales, que la prensa progresista más alineada con el Gobierno tiende a presentar de forma separada, vuelven a poner en evidencia lo que muchos economistas vienen señalando: el PIB no es un buen indicador para medir el bienestar económico de un país, aunque la propaganda gubernamental tienda a emplearlo políticamente para tapar una situación socioeconómica desfavorable.
