El Gobierno español sigue ejecutando un incremento del gasto militar sin precedentes, elevando la partida hasta los 34.300 millones de euros durante el año 2025. Según los últimos datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), esta cifra supone un aumento del 49,6% respecto al ejercicio anterior, cuando la inversión fue de 25.200 millones de dólares. Este repunte sitúa al Estado español a la cabeza de la industria armamentística de la Unión Europea, con un crecimiento que supera con creces la media comunitaria del 14% y que ha permitido triplicar el gasto en defensa desde los 11.000 millones destinados en 2019.

Esta transferencia masiva de recursos públicos hacia las empresas armamentísticas contrasta con la evolución de la sanidad pública, aunque gestionada principalmente por las Comunidades Autónomas, tiene sus partidas presupuestarias. Mientras el gasto militar creció un 50% en un solo año, los presupuestos sanitarios lo hicieron de forma moderada, con aumentos de entre el 3% y el 5%. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la inversión media por habitante para 2026 se sitúa en los 2.014 euros, una cuantía que la organización califica de "insuficiente" para afrontar el déficit de personal y las listas de espera récord de 853.000 pacientes, especialmente frente a la celeridad con la que el Estado ha movilizado fondos para cumplir con las exigencias de la OTAN.

La magnitud del gasto real destinado a fines bélicos es superior a las cifras oficiales si se aplican los criterios de la Alianza Atlántica. El Centre Delàs de Estudios por la Paz calcula que la inversión real alcanzó los 39.000 millones de euros en 2025 al sumar partidas de I+D de utilidad militar y programas de otros ministerios. Según este informe, el peso militar sobre el Producto Interior Bruto (PIB) escalaría hasta el 2,42%, superando ampliamente el umbral del 2% fijado por la organización internacional y evidenciando una prioridad presupuestaria que el Centre Delàs tilda de "inusitada" en la historia reciente del país.

El sector armamentístico mantiene además perspectivas de expansión tras la cumbre de la Haya de 2025, donde se estableció que los países miembros de la OTAN deberán destinar el 5% del PIB a "defensa" e infraestructura industrial para el año 2035. Por su parte, los analistas sanitarios denuncian que este impulso militar no se compensa con una inversión proporcional en bienestar social. Mientras el presupuesto para armas absorbe una parte creciente de la riqueza, el sistema sanitario público arrastra desigualdades territoriales profundas, con brechas de hasta 1.000 euros por habitante entre los 2.500 euros de Asturies y los 1.500 euros de la Región de Murcia.